Este diario publicó en diciembre cuatro artículos sobre el andén Pacífico –de Buenaventura a Tumaco–, señalando la complejidad biogeográfica de su territorio, el abandono del Estado y el dominio de grupos delincuenciales. Estos factores se multiplicarían si se considerara la otra mitad del Pacífico, hacia el norte, en Chocó. Pese a la enorme diversidad territorial del país, estas zonas son quizá las más complejas, con el Cauca como departamento que aglutina muchos problemas.
Hace cerca de seis décadas tuve el privilegio de recorrer todo ese enredado litoral en un trabajo en equipo y comprobar la ausencia infinita del Estado, pero con la gran diferencia de no tener violencias en sus territorios. Sus pequeñas y dispersas comunidades vivían en paz, aprovechando las inmensas riquezas naturales, aunque comenzaba la deforestación en el bajo Atrato.
A diferencia de algunas zonas de la Orinoquia, pero sobre todo en el Catatumbo, en el Pacífico no hay posibilidad de excusas oficiales para inculpar a la dictadura venezolana por la incapacidad estatal del control territorial.
La dispersión y desconexión entre regiones ha dificultado que el Estado pueda controlarlas, pero su causa es más que todo la débil formación nacional, apoyada inicialmente en sectarismos bipartidistas que desataron violencias. No obstante, resultado de tal debilidad fue también facilitar la continuidad electoral, a diferencia de la mayoría de países de la región con dictaduras. Sin embargo, al declinar tales sectarismos con el Frente Nacional y aumentar fenómenos transnacionales, se estimularon enriquecimientos ilícitos –narcotráfico, minería, depredación de la naturaleza–, sin que el Estado haya logrado contenerlos. La hegemonía norteamericana estimuló el empoderamiento de mafias mediante el prohibicionismo de “cultivos ilícitos”.
La debilidad política del Estado y sus consecuentes violencias proyectaron un desmedido crecimiento militar con visión tradicional de soberanía hacia el exterior, que dificultó el control militar del orden público. Esto se le sumó a una policía militarizada y distorsionada como consecuencia de la violencia bipartidista, que la ha debilitado para garantizar la seguridad ciudadana en el territorio nacional. Además, su bautizo de fuerza civil armada en la Constitución del 91 no alteró que formara parte de la Fuerza Pública junto con los militares.
El Estado está en mora de ponerse a tono con la realidad mundial, redefiniendo a las Fuerzas Militares, sin pretensiones de proyección en el escenario mundial. La soberanía no es ahora sólo una visión tradicional hacia el exterior, sino garantía, en última instancia, de presencia del Estado en el territorio nacional. En la situación colombiana, debe ser vanguardia de presencia legítima de las instituciones civiles del Estado en regiones aisladas. Mientras no haya plena garantía de tal legitimidad, la descentralización regional —como es el control de impuestos territoriales— reproducirá corruptelas y clientelismos.
El Estado también está en mora de redefinir la Policía Nacional, excluyéndola de cualquier característica y entorno castrenses. No obstante, es necesaria su coordinación permanente con las Fuerzas Militares para facilitar que el Estado y sus instituciones ocupen legítimamente todo el territorio. Se requiere, entonces, un vuelco total en organización y dispositivo (distribución territorial) de la Fuerza Pública para acabar con delincuencias, guerrillas, disidencias y bandas, lograr la redefinición de la política y acabar con la depredación de la naturaleza en un país de inconmensurable biodiversidad.
* Miembro de La Paz Querida.