Colombia es un país de problemas mal envejecidos. Esto dijo el presidente Duque. Pues bien, uno de ellos tiene que ver con el no desarrollo del principio de la Constitución según el cual la propiedad privada tiene una función ecológica. Tema que se hace aun más evidente cuando se argumenta que las comunidades indígenas tienen un tercio de las “tierras” del país. Entre comillas, porque no puede equipararse la tierra productiva en agricultura y sobre todo la menos productiva en ganadería, con los espacios territoriales en los que viven las comunidades ancestrales.
El primer error está en la generalización. No es lo mismo un grupo indígena que sin dejar de serlo ha asimilado parcialmente formas de vida campesina, que otros grupos que mantienen y defienden su identidad cultural, que hace parte de la dinámica de los ecosistemas que habitan desde antes de la Conquista.
En el primer caso se utiliza al indígena campesino, si se permite este concepto, para aminorar el desequilibrio en la tenencia de la tierra. Con ellos la sociedad dominante tiene la misma deuda que tenemos con las sociedades campesinas, y que la historia ya ha demostrado hace parte de la inviabilidad que hemos creado como nación.
En el segundo caso, se desconoce que los indígenas que viven en los territorios silvestres del país son los únicos que consuetudinariamente vienen aplicando el principio constitucional de dimensión ecológica de la propiedad privada. Con ellos tenemos otra deuda, que tiene que ver con la viabilidad del país, sobre todo hacia el futuro. Hay que reconocer que los indígenas que viven en los bosques naturales del país no es que tengan mucha tierra, sino que son custodios de una parte enorme del patrimonio natural del país. Aquí la deuda se tiene con el no reconocimiento del territorio indígena silvestre como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en la modalidad de gobernanza comunitaria. Muchos países lo tienen. Solo reconocerlo aquí cambiaría las métricas de los compromisos internacionales en torno a la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. No reconocerlo es parte del déficit social en las políticas de conservación.
Así las cosas, volver a hablar de “latifundio indígena”, como lo hicieron en el siglo XX políticos de derecha e incluso movimientos insurgentes de izquierda, es simplemente no entender los signos de los tiempos que vivimos. Y más grave, es no haber leído o no haber entendido la Constitución Nacional, que nos define como país pluriétnico y multicultural. ¿Será esto último lo que sigue molestando?