Krisshnamurti, escritor indio nacido en 1895, decía que “no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma”. No podemos acostumbrarnos a la corrupción, a los asesinatos en serie, a los pretextos infames y los intereses creados; ni podemos estar tranquilos mientras los rabos de paja se paseen orondos, blindados por mantos de negligencia o indiferencia, es decir, por los primeros peldaños de una detestable impunidad.
El viernes pasado, más de 50 ciudades desde Lloró (Chocó) hasta Sidney (Australia) iluminaron plazas, calles y parroquias, para decirle al mundo que el asesinato de los líderes sociales nos indigna, y que matarnos a tiros nunca nos parecerá normal.
Tampoco aceptamos que se quiera disfrazar estas muertes con máscaras de amantes despechados, balas perdidas, o —verdaderos o falsos— antecedentes criminales de las víctimas. Repudiamos que no contentos con la muerte a bala, también quieran matar el nombre y la memoria de los muertos, para enterrarlos dos veces, a ver si así desaparecen del todo. ¡No, señores! No hay prontuarios inventados, líos de linderos ni romances fallidos, que den patente de corso para decidir quién merece vivir o morir.
Según datos confirmados por la ONU, desde el 2015 hasta la hora de enviar esta columna, se han cometido en Colombia 219 asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo dice que hasta febrero, iban 282; y la Fiscalía habla de 178 del 2016 al 2018. Es decir, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo para contar nuestros muertos, pero uno solo ya sería infame.
En Colombia, ser líder social se ha convertido en profesión de alto riesgo. Al menos 11 de los 32 departamentos han visto cómo amenazan, desplazan y matan a sus líderes; han pedido protección del Estado, han llorado de impotencia y han enterrado a los suyos con el dolor de no saber quién defiende a los defensores.
¿Por qué los matan? Porque impiden la minería ilegal, defienden la restitución de tierras, la ecología o la sustitución de cultivos. Y también porque quienes tienen (tenemos) que hacer algo para impedirlo, no hacen (hacemos) lo suficiente. Los matan porque hay alta dosis de maldad circulante, amparada por la ley del silencio, el narcotráfico, paramilitarismo, guerrillas sin resolver, fanatismos políticos y una explosión de bandas criminales que han tomado posesión de territorios antes controlados por las Farc y casi siempre olvidados por el Estado.
A muchos colombianos la paz les dio más miedo que la guerra; vieron el desarme de los insurgentes como el principio del fin de una economía y un estatus, construidos a partir del botín de la violencia. A tanta mezquindad solo podía agravarla que la impunidad se vistiera de fiesta, y las antiguas, actuales y futuras autodefensas, disidencias guerrilleras y sectores del Eln, desempolvaran su presencia letal.
Cuando hablar de derechos humanos se interpreta como navegar en aguas subversivas, no solamente los líderes sociales están en riesgo: es todo un país el que se levanta cada día con los círculos concéntricos de tiro al blanco, dibujados en la espalda.
Democracia y sevicia no pueden ir de la mano. Denuncia y exterminio, tampoco. Y ante tanto dolor, callarnos no es una opción.
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