Cada día se desactualizan las listas de colombianos asesinados; cada día hay uno, dos, tres más. “Desde los helicópteros están rafagueando a los campesinos”. “Lo dejaron ahí tirado en la carretera, con las balas por dentro”. Matar se volvió un verbo paisaje, sitiado por el miedo. Y el miedo sitiado por más miedo, porque en este país siempre existe la posibilidad de que suceda algo peor. Y cuando surge algo mejor, no faltan narcisistas, escépticos o malvados, -o “todas las anteriores”- que llegan a arrasar el riesgo de tener un pueblo en paz, porque muchos no ven el fin del conflicto armado como una oportunidad, sino como una amenaza. Y así perciben la cultura, la equidad, la memoria o la verdad; legítimos intangibles que nos hacen más pensantes, más complejos y críticos, es decir, un peligro para quienes levantaron su poder a expensas de la intimidación.
Bienvenidos los debates en paz, y por la paz. Escenarios plurales, donde lo que importa no es si usted se graduó de médico o de guerrillero, de arquitecto o sacristán. Lo sustancial es si vamos a seguir atados a la costumbre de la hostilidad, o si alcanzamos la madurez y razón suficientes para dejar de matarnos, en serio, y cumplimos.
El jueves, en la cumbre de paz territorial convocada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el movimiento Defendamos la Paz (DLP), la alcaldesa Claudia López ratificó su compromiso de convertir a Bogotá en epicentro de reconciliación; la capital de Colombia se la va a jugar toda por la paz, y va a demostrar que -urbanos, rurales, apartados o inmediatos- los colombianos tienen derecho a morirse de viejos, y no “rafagueados”. (Perdón señores RAE, pero la expresión campesina es dolorosamente perfecta).
Ese día, alcaldes y gobernadores firmaron un compromiso para aterrizar el Acuerdo en cada centímetro de sus poblaciones, ciudades, prioridades y presupuestos. DLP entregó la “caja de herramientas” con mecanismos que harán más factible el cumplimiento de los planes de desarrollo territorial (PDET), el plan nacional de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), las políticas locales para la preservación de la memoria, y ¡a ver! si algún día las víctimas reciben las 16 curules pactadas.
A pesar de tener grandes diferencias con la curiosa versión de cumplirle a la paz que tiene el gobierno nacional, DLP ofreció su disponibilidad para apoyarlo en la implementación del Acuerdo. “No somos enemigos del gobierno, somos amigos de la paz”, reiteró Juan Fernando Cristo. La oferta quedó en la cancha del presidente. Emilio Archila -quien parece leer su propia gestión como si fuera un capítulo de Alicia en el País de las Maravillas- no respondió; ojalá a su discurso con escasez de contexto y abundancia de cifras, le incluya la columna vertebral de realidad, territorio y verdad. Igual, la decisión está tomada: la paz va y no tiene reverso. Es tema de Estado, no de gobierno, y no necesitamos su visto bueno. El 20 de febrero quedó pactado un acuerdo con las autoridades territoriales, y la ruta está trazada.
Cuando sea la gente y no la retórica ni la mezquindad la que esté en el centro de las decisiones, dejarán de caer líderes, policías, estudiantes y excombatientes; dejarán de nombrar amnésicos para defender la memoria, y radicales antiguerrilla para cuidar a los desmovilizados que cumplen lo prometido. Y entenderán que reciclar la violencia rompe y corrompe, destroza y oxida el cuerpo, el alma y la vida.
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