El respaldo de los organismos internacionales es útil pero no infalible.
Infortunadamente, los avales internacionales a las políticas de gobierno se vuelven a veces indeseables: a los gobiernos les permiten dar menos explicaciones sobre las reformas económicas que adelantan, y a la mayoría de los ciudadanos les ahorra la necesidad de entender lo que está en juego.
Con frecuencia basta con que la propuesta venga rotulada por las siglas de algún organismo internacional para pensar que las recomendaciones de política son las correctas. Esto está mal. Pero mal está también que se estigmaticen tales propuestas por venir de afuera.
Hasta hace diez años, por ejemplo, FMI era el sello preferido para estampar los proyectos económicos de los gobiernos en los países en desarrollo. Hoy, siete años después de la más reciente recesión mundial, originada en las economías avanzadas y amplificada en los países en desarrollo por muchos elementos provenientes de la doctrina de libre mercado, el sello FMI ha perdido su valor para empujar reformas macroeconómicas. Sin embargo, independientemente del debate sobre la conveniencia del recetario neoliberal, los gobiernos saben muy bien cuatro cosas: que las reformas generan costos políticos bastante altos, que los respaldos internacionales son útiles para enfrentarlos, que si las cosas salen mal se puede responsabilizar al asesor, y que en la estantería de los avales no hay escasez. El organismo internacional de moda: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
No es extraño entonces que en Colombia varios comentarios sobre la esperada reforma tributaria, con un IVA más alto, o sobre la reducción de costos salariales, con incrementos tímidos en el salario mínimo, vengan acompañados de referencias a los estudios publicados por la OCDE con motivo del proceso de admisión de Colombia como país miembro de esta institución. Y es innegable que estos documentos pueden ser un buen insumo en el diseño de la política económica nacional, pero no debemos permitir su mal uso: o el simple rol refrendador de lo que está haciendo el gobierno o su satanización por provenir de un organismo internacional. Es importantísimo que tales estudios sean leídos por diferentes grupos sociales y políticos de manera cuidadosa y crítica. Solo de esta manera los ciudadanos estaremos mejor informados y evitaremos el fundamentalismo ideológico con el que usualmente se descalifican las ideas.
En principio, no me parece que los textos de la OCDE sean ideológicos. Doy un ejemplo concreto. Publicaron recientemente un informe sobre el mercado laboral y la política social en Colombia. En este informe, que resalta en varios de sus capítulos el problemático nivel de desigualdad económica en Colombia, se argumenta que el salario mínimo colombiano (relativo al salario mediano) es muy alto en comparación con los de los países miembros de la OCDE, incluso muy alto si se compara con los de países emergentes como Brasil, Chile, México y Turquía. En ese mismo reporte, por otro lado, se recomiendan el fortalecimiento sindical en Colombia y la eliminación de la negociación colectiva con trabajadores no sindicalizados. ¿Les parece acaso que el reporte debe ser descartado por castrochavista o de derecha recalcitrante?
Discutamos sobre las ideas sin importar su origen. No les demos más o menos validez por estar a la moda. Con pragmatismo usemos las ideas que sirven. Y así, tal vez, no nos pasará que la afiliación colombiana al “club de las buenas prácticas” sea un caso más de una mona que aunque se viste de seda mona se queda.
* El autor es el Director del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana.