Cuidado con el argumento de que la inflación es el peor impuesto que pagan los pobres.
Hace algunos meses cuestioné, en esta columna, el optimismo desbordado que suscitó el que la inflación anual pasara de 7,98 por ciento en el mes de marzo a 7,93 en el mes de abril (ver). “Empezó a ceder” decían.
No ha cedido aún. Hoy, el último dato muestra una inflación anual de 8,6 por ciento, mientras que la inflación en el grupo de alimentos llegó a 14,3. Y ahora, para pedir que se ataje la inflación, algunos desempolvan y sacan la frase: “la inflación es un impuesto que pagan los más pobres”.
Me gusta que los más pobres en Colombia sean el foco de las preocupaciones. Siempre debería ser así. Además, en realidad, los datos a veces ocultan que los efectos de los agregados económicos afectan más a unas clases sociales que a otras.
Los malos resultados macroeconómicos, por cierto, golpean más a los más pobres. Ellos tienen menos activos y capacidad de endeudamiento para amortiguar los choques negativos sobre sus ingresos reales.
Pero no por esto el Banco de la República debería acentuar el uso de su instrumento anti-inflacionario (tasas de interés más altas) e incrementar la probabilidad de un menor crecimiento de la economía. Menos crecimiento económico por cuenta de una política anti-inflacionaria más severa es también un choque negativo al ingreso de los más pobres.
Los más pobres en Colombia no son necesariamente aquellos que tienen garantizado un empleo y un salario mensual que pierde algo de capacidad adquisitiva con la inflación, sino aquellos en una situación más frágil: cuando la economía se desacelera, pierden su trabajo y su fuente de ingresos por completo.
En una elección entre males, puede ser preferible un salario que alcance menos que perder el salario.
Quienes sugieren en este momento una política anti-inflacionaria a toda costa asumen que el ingreso real de los pobres puede aumentar con una tasa de interés de intervención más elevada.
Es un error. Hay que dar por descontado que los pobres ya están siendo afectados especialmente por una inflación de alimentos que no se controla con tasas de interés. Además, como nos ha dicho el Banco de la República, ¿no es acaso esta inflación consecuencia de choques transitorios? La cura podría entonces resultar peor que la enfermedad.
Cuando el Banco deja quietas sus tasas de interés recuerda los argumentos expuestos en la Sentencia C-481/99 de la Corte Constitucional: “[S]i bien la finalidad primaria de la actividad del Banco es la estabilidad de los precios, sin embargo, esa institución no puede ser indiferente a otros objetivos de política económica de raigambre constitucional, como pueden ser la búsqueda del pleno empleo o la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo.”
Y no, no estamos nada cerca de una situación inflacionaria como la de Venezuela, donde reducir la inflación sí es una prioridad clara. Abandonemos el optimismo desbordado y el pesimismo trágico también.
El autor es el director del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana.