Veo con optimismo que en medio de la crisis se están alcanzando consensos sobre aspectos que en tiempos regulares pueden ser ignorados o pospuestos en las demandas sociales y políticas de los ciudadanos, por ejemplo: la responsabilidad del Estado de atender a los más vulnerables, la importancia de la inversión pública en las infraestructuras de salud y educación, la problemática de la desigualdad y la necesidad de modificar el modelo de desarrollo productivo colombiano, que deja un saldo repetido de desempleo e informalidad.
Es un avance importante que al discurso progresista que recoge esos elementos se le intente hoy descalificar llamándolo obvio. Vamos entonces por buen camino. Es una lástima, sin embargo, tener que llegar a estos acuerdos luego de evidenciar los costos sociales que está dejando la pandemia al penetrar las fracturas estructurales del orden social y económico.
Buen momento entonces para las agendas progresistas. Tendrán, eso sí, que enfrentar retos en su defensa y en su avance. En la retaguardia, los progresistas se encontrarán –una vez más– con el ataque simplón, pero eficaz, de que un Estado decidido a reducir la desigualdad es populista, asistencialista y madurista –imagino que se dice así ahora–. Hay que explicar de manera convincente que no se trata de redistribuir la pobreza, sino de mejorar el uso de nuestros recursos productivos (gente y empleo), mientras se garantiza el bienestar de los colombianos y sus capacidades productivas –con mejores salud y educación–. Se puede tener esperanza en un país incluyente con una política económica rigurosa y responsable, aunque esa política sea distinta a la que ha sido por ahora conveniente para las inmensas minorías.
Y en la vanguardia, la agenda progresista debe tener propuestas concretas. Algunas son: (i) una estructura tributaria verdaderamente progresiva – que eleva el impuesto de renta a las personas naturales de más altos ingresos y que elimina exenciones que propician la elusión–, (ii) un salto significativo en la participación de los rubros de salud y educación en el Presupuesto General de la Nación, incluso si debe reducirse el presupuesto en defensa y policía y (iii) una política macroeconómica de tipo de cambio real competitivo y estable, que incentive sectores capaces de generar empleo y mejorar la productividad de sus trabajadores (por ejemplo, la agroindustria), sin que grupos de interés se lleven recursos públicos a sus bolsillos.
La agenda progresista tiene un impulso en medio de la crisis.
Coletillas. 1) Por cierto, en términos de gasto eficiente para la reactivación, las inversiones en las infraestructuras de salud y educación y los respectivos gastos laborales en estos sectores son más eficientes que las inversiones militares. 2) Los posibles candidatos presidenciales ya están dado puntadas sobre lo que entienden por economía y reactivación. Miren, por ejemplo, la columna de Germán Vargas Lleras. 3) La Andi, que resultó más moderada que Vargas Lleras, propone el aplazamiento del pago de primas. No son muy innovadores en sus propuestas para enfrentar la crisis, ¿cierto? Sigue la idea de la privatización de las ganancias con socialización de las pérdidas. 4) Aunque la agenda progresista tiene un impulso hoy, sus detractores no están quietos.
Ph.D. en Economía, University of Massachusetts-Amherst. Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/)