La idea de la devolución del IVA está siendo usada para impulsar la nueva reforma tributaria —bautizada recientemente por el Gobierno como “ley de financiamiento”.
El argumento consiste en justificar la implementación de una tasa general del IVA del 19 por ciento con la idea de que podría devolvérseles a los más pobres lo que pagarían por la mayor cobertura del impuesto.
De esta manera, solo los más ricos y la clase media pagarían más IVA —como resultado neto—. Se mitigaría algo de los efectos inequitativos del impuesto. Y, en términos políticos, se espera poder diluir las críticas de la izquierda.
No es que el Gobierno vaya a devolverle a cada colombiano pobre lo que pagó en IVA. Definirá una suma total de pesos y la repartirá entre un grupo de hogares pobres a través de transferencias a una cuenta bancaria (o a un número de celular). Suena fácil.
Por eso, enfocados en el tema de la transferencia, los defensores de la propuesta no se cansan de repetir lo obvio: que la tecnología del sector financiero colombiano y la identificación de los pobres son mejores hoy que hace 16 años —cuando se propuso el mismo instrumento en el gobierno del presidente Uribe—.
Sin embargo, no por eso estamos ante una genialidad de la política económica con la propuesta del Gobierno. Aquellos a favor de aumentar el recaudo, a través del IVA, siempre han hablado de medidas complementarias para atender el tema de la regresividad. Anuncian, por ejemplo, que, junto con un mayor IVA, se aumentará el gasto público dirigido hacia los más pobres. Es parte de la técnica de persuasión clásica en estos temas.
Ahora quieren hacer ver que todo es más sofisticado con la idea de la devolución. Pero, al final de tanto vericueto, la propuesta no da garantía de que un mayor recaudo se verá reflejado en una política fiscal que beneficie sustancialmente a los más pobres. ¿Qué tal que el Gobierno incremente las transferencias monetarias para devolver el IVA, con consignaciones a las cuentas de ahorro de algunos hogares y, al mismo tiempo, reduzca el gasto en los bienes públicos que de verdad mejoran el bienestar y el desarrollo de las capacidades de los pobres? Así, en época de austeridad, el Gobierno podría reducir el déficit fiscal a costa del bienestar de los menos favorecidos, aunque les envíe cumplidamente un cheque cada mes. Los grandes avances tecnológicos del sector financiero solo servirían para distribuir mejor la pobreza de lo público.
Tal vez es la ilusión del cheque lo que suena bien hoy en día. No obstante, lo que deberían demandar los pobres —y otros que creemos que se puede construir una sociedad más equitativa— es una política fiscal, como política de Estado, que esté prioritariamente orientada a atender los pasivos que tiene el país en la educación y la salud públicas. Estos son gastos poderosos para cerrar las brechas de inequidad. Y ¿cómo se financiaría el mayor gasto social en educación y en salud? Con un mayor impuesto a la renta pagado por las personas naturales de más altos ingresos, sin necesidad de la estratagema o la ilusión de la devolución del IVA.
Coletilla. En un excelente artículo de Jorge Sáenz, de El Espectador, el pasado domingo, se anota que el impuesto de renta de las personas naturales en Colombia corresponde apenas a 0,85 por ciento del PIB, mientras el promedio latinoamericano es 1,3 por ciento y el promedio en los países OCDE es 8,5 por ciento.
* Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/).
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