La encuestadora Yanhaas acaba de reportar que la popularidad del presidente Duque subió a 35 puntos, luego de haber registrado niveles de aprobación cercanos al 20 por ciento a finales del 2018, en medio de fuertes protestas sociales e incertidumbre sobre la agenda legislativa en materia económica. Analistas de medios y de la calle coinciden en que el repunte es uno de los réditos de la mano dura del Gobierno frente al ataque reciente del Eln en Bogotá y frente a Nicolás Maduro. Nada ayuda más a la unidad nacional, que busca con afán liderar el Gobierno, que precisamente la existencia de enemigos nacionales.
Sin embargo, de acuerdo con la misma encuesta, parece que la mano dura paga más en el grupo de los adultos mayores que en los jóvenes. La aprobación del presidente Duque en el segmento de edad de los 25 a los 34 años es 26 por ciento, y llega apenas a 25 por ciento en el grupo de los que tienen entre 18 y 24 años. Estos números no suenan bien. Recuerdan, por ejemplo, la favorabilidad de Nixon al terminar su presidencia de los Estados Unidos por cuenta del escándalo Watergate.
Más allá de los retornos políticos de la mano dura, es preocupante que la vehemencia del discurso mine aspectos institucionales que trascienden los gobiernos de turno. El gobierno del presidente Duque acaba de controvertir el llamado de Alemania a que se respeten los protocolos de finalización del diálogo con el Eln. La tesis del gobierno Duque es que la negociación con el grupo guerrillero fue con el gobierno pasado, no con este. El nuevo gobierno de la mano dura dice así que no está obligado entonces a acatar protocolos.
Con tanta polarización, semejante chabacanería requiere atención. Primero, algo obvio: defender la implementación de los protocolos no es estar en contra del gobierno en su objetivo de brindar seguridad a los colombianos o en su prerrogativa de culminar las negociaciones con el Eln. Incluso Carlos Holmes Trujillo, al mostrar su inconformidad con el llamado de Alemania, recordó que ese país no dudó en condenar el ataque del Eln.
Segundo, hay algo menos obvio: la contradicción del gobierno colombiano. El gobierno Duque cuestiona la negociación con el Eln como una herencia incómoda del gobierno Santos; no obstante, no le importaría dejar una herencia verdaderamente grave a los gobiernos futuros con el incumplimiento de los protocolos. El Estado colombiano –no solo este gobierno– perdería credibilidad para poder ofrecer las garantías mínimas necesarias para iniciar nuevas conversaciones que podrían llevar a salidas negociadas del conflicto.
El gobierno Santos no le ha impedido al gobierno Duque terminar las negociaciones con el Eln. El gobierno Duque, en cambio, dejaría a futuros gobiernos sin legitimidad para usar un instrumento de negociación con el debido respaldo de los garantes internacionales. Es decir, no solo usaría la mano dura, sino que les amarraría las manos a los demás. Este sería un costo demasiado alto por unos puntos de popularidad.
* Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/).