El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, dice con frecuencia un amigo biólogo. El dicho cae de perlas cuando alguien quiere alterar las fuerzas del comportamiento humano —a veces las fuerzas del mercado— a punta de batazos legislativos, sin suficiente análisis y sin algo de respeto por la lógica de los incentivos.
Los casos recientes van desde las solicitudes de pena de muerte o cadenas perpetuas para ciertos delitos hasta los que ofenden por su populismo simplón: proyectos de ley para reducir el precio de los pasajes aéreos.
En ambos casos hay buenas intenciones —demos el beneficio de la duda—, pero también están presentes los intereses políticos de los hacedores de leyes, que cosechan votos con leyes que parecen atender las necesidades de la gente.
Con la idea de la sanción extrema —siempre tan atractiva— se pasa por alto que los delincuentes son más disuadidos por la probabilidad del castigo que por la severidad del castigo.
La ilusión de algunos de disciplinar a la sociedad a punta de penas radicales, además, desconoce que un portafolio variado de incentivos penales es necesario para acabar delitos que son organizados y ejecutados colectivamente. Será menos probable poder desmantelar una red de narcotráfico internacional o de pornografía infantil si el primer capturado de la red es sentenciado a muerte, ¿no?
Por supuesto, para algunos políticos es más fácil prometer una ley —e incluso cumplir con su promulgación— que pensar en el diseño e implementación de un sistema eficiente de justicia.
Otro ejemplo de batazo legislativo tiene que ver con los tiquetes aéreos. ¡Será más barato volar gracias a un proyecto de ley del Partido Conservador! “Viajar en avión debe ser una posibilidad para todos los colombianos”, dice el autor de la iniciativa.
Interesante que se haya escogido este servicio en lugar de otro con mayor importancia en las canastas de consumo de la mayoría de los colombianos, pensé al leer la noticia. Sin embargo, con la intención de mantenerme optimista, imaginé que podría tratarse de un proyecto que favorecería la libre competencia en el sector aeronáutico, con la eliminación de barreras para la entrada al mercado de nuevas aerolíneas.
Y también imaginé que estábamos, quizás, frente a una nueva política que podría luego ser extendida, por ejemplo, al sector financiero, que opera también con poca competencia. El precio de los servicios financieros seguramente afecta más a la mayoría de los colombianos que el precio de los pasajes aéreos. Sería entonces innegable que la iniciativa podría en el futuro traer bienestar a muchos colombianos.
Pero no, se trata simplemente de bajar el IVA a los tiquetes aéreos. Y no es claro que los pasajes bajen de precio. Dudo que las aerolíneas colombianas operen con gran capacidad instalada subutilizada (asientos vacíos). Es decir, podrían seguir cobrando el mismo precio. Los clientes actuales ya mostraron que están dispuestos a pagarlo. La única diferencia es que el valor del IVA se lo quedaría la aerolínea.
El Estado tendría menos recursos para su gasto público, en especial si se lleva la genial idea de reducir impuestos a otros sectores económicos, ¿qué tal hacer más felices a los colombianos bajando el IVA de los carros nuevos? ¿Por qué no, si al fin y al cabo estamos en el gobierno de “menos impuestos, más empleo y mejores salarios”?
Y por poco lo olvido: las aerolíneas conservarán los privilegios de un mercado en el que podría haber más competencia. Eso es lo que sí se conserva en la propuesta del Partido Conservador.
* Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/).