Dificultades económicas de ayer y hoy están pasando cuenta de cobro.
En la última semana, diferentes firmas encuestadoras han señalado que la tasa de aprobación de la gestión del presidente Santos está por debajo del 30 por ciento. Esto no es conveniente para el propósito más grande del Gobierno y del país: una culminación exitosa de los diálogos de paz.
Con la ausencia de una noticia terrible para explicar el bajonazo, a diferencia de lo ocurrido la última vez en que al presidente le iba así de mal, esta vez se suman muchos factores. Y la economía parece ser uno de los importantes. Hoy en día, incluso con medios que destacan los escándalos políticos, la percepción sobre la gestión en lo económico tiene mayor peso.
La gente está sintiendo el mal desempeño económico y castiga al Gobierno. A pesar de que el PIB real haya crecido en 3.1 por ciento (anual) en un contexto adverso para las economías latinoamericanas, la tasa de desempleo llegó al 12 por ciento, la inflación al 7.6 por ciento, y los salarios han perdido en términos reales por cuenta de la inflación y del ajuste del salario mínimo.
El cambio climático y la larga duración del verano, además, dejaron al descubierto, de nuevo, la tragedia crónica que viven nuestros compatriotas en la Guajira, desde siempre, y no porque el fenómeno de El Niño haya sido particularmente severo este año. Allá, en el norte de nuestro país, tenemos indicadores sociales comparables con los de algunos países de África Sub-Sahariana.
Los malos vientos de principio de año son el resultado de una combinación de mala suerte y cortoplacismo. Pero solo uno de ellos debe responsabilizarse. La mala suerte, así como la buena, debería darse por descontada. En cambio, la falta de acción de los gobiernos que desaprovecharon épocas de vacas gordas para transformar la estructura de la economía colombiana y hacerla menos dependiente de la suerte, junto con la arrogancia de algunos economistas cuando sostenían que la economía estaba blindada, creó las condiciones para que la economía pase su cuenta de cobro. El riesgo principal ahora es que se vacíen las arcas del apoyo político al proceso de paz, a su implementación, y a una reconciliación verdadera con un modelo económico que propicie el desarrollo de las regiones.
No estaría bien volver al pasado cuando se defendía la tiranía de las mayorías. Ni estas encuestas ni la actual baja popularidad presidencial deben usarse para que los ciudadanos se opongan a todo lo que hace el Gobierno. Sin embargo, las encuestas están reflejando una insatisfacción válida. El Gobierno debe apresurarse en atender la inconformidad antes de que esta sea canalizada de manera incorrecta. Y debería arrancar con una mesa de concertación, con empresarios, sindicatos, académicos y movimientos sociales, para diseñar un plan de choque para la generación de empleo y un conjunto de estímulos económicos que compensen la pérdida de salario real de los trabajadores. De esta manera, podrá demostrar su liderazgo y su capacidad de convocar una verdadera unidad nacional para enfrentar un momento de crisis.
Darle una posibilidad clara al inicio de una paz duradera es el fin último de los diálogos de la Habana y la joya de la corona. Para que el país la alcance, el presidente Santos tendrá que jugar ahora más activamente en el campo de la economía.
El autor es el Director del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana.