PESE A QUE EN SU IDEARIO POLÍTICO las Farc no se han declarado en contra de la propiedad privada de los medios de producción, en la práctica este es uno de los puntos álgidos para llegar a algún acuerdo de paz con la guerrilla.
En los comunicados y en las aproximaciones con sectores interesados en propiciar un diálogo con el Estado, las Farc en ningún momento han reconocido la legitimidad de la acumulación de riqueza por parte de empresarios privados que cumplan las leyes y normativas propias de las sociedades capitalistas.
El tema del cuestionamiento a la legitimidad de la libre empresa y de la propiedad privada no es sólo de resorte de las Farc. Así como existen sectores de la izquierda ambiguos con la combinación de todas las formas de lucha, —aquellos que llaman retención a un secuestro—, hay sectores que ven la llegada al poder como un medio para nacionalizar los medios de producción y restringir la libre empresa. Más aún, las divisiones en el interior del Polo Democrático Alternativo en últimas responden a que un sector ‘socialdemócrata’ no tiene problemas en aceptar el capitalismo de mercado como forma de relación económica, mientras otro sector de línea dura rechaza dentro de su proyecto ideológico la organización capitalista de la producción y distribución de la riqueza. Esa es una de las tantas razones por las que el PDA no es un verdadero partido político con un mínimo de unidad ideológica, sino una suma de tendencias.
Y el tema no es de poca monta para la pacificación de las relaciones políticas en Colombia. La renuncia explícita y genuina a la combinación de todas las formas de lucha puede alcanzarse en una eventual negociación que involucre a las Farc. Sin embargo, esa negociación no es factible si lo que se pretende como concesión de la sociedad a la guerrilla es la renuncia a la libre empresa y la propiedad privada. ¿Qué mandatario colombiano, por más generoso que sea en el diálogo, va a conceder ese punto? ¿Hay la menor probabilidad que la sociedad lo respalde en esa entrega? Quizá sea esa la razón por la que durante el despeje del Caguán nunca supimos de una propuesta concreta de concesiones de parte y parte para avanzar en un acuerdo.
Eso no significa que la guerrilla y la misma izquierda democrática no tengan que exigir en materia económica. No puede confundirse la aceptación de la libre empresa capitalista con la renuncia a cualquier tipo de reclamaciones dentro del modelo productivo. Si para algo es importante la izquierda legal es para llevar a cabo el proceso de democratización del capitalismo que tanta falta hace en el país. La concentración de la tierra, los costos del sistema financiero, la iniquidad salarial, lo regresivo del sistema tributario, la exclusión de grandes capas de la población, la destrucción de la sociedad anónima, la acumulación de riqueza desde la corrupción pública, etc., son puntos que además de ir contra cualquier iniciativa de que Colombia deje de estar en el Top 10 de las sociedades más desiguales del mundo, son prioritarios que se resuelvan para que se disponga de un capitalismo moderno como las sociedades avanzadas de Occidente.
Pero mientras para ciertos sectores políticos el tema no sea reclamar en estos aspectos muy concretos, sino en cambiar hacia formas económicas que la historia ha demostrado obsoletas, los triunfos que puedan obtenerse en una elección no repercutirán en mejoras reales de las condiciones de vida de los colombianos. Será tan sólo la repetición de una nueva frustración política.