CON RABO DE PAJA ENTRA EL GOBIERno de Colombia esta vez al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Una de las principales preocupaciones del Consejo es el reclutamiento y uso de niños en conflictos armados, así como su impunidad, sobre lo cual las autoridades colombianas han sido amonestadas el pasado 30 de septiembre, porque hasta allá han llegado los escándalos del DAS y los de los “falsos positivos”.
En octubre de 2009 ocurrió en Bogotá un robo de la información de Naciones Unidas sobre niños y conflictos armados en Colombia. Personas desconocidas sustrajeron dos computadoras portátiles y dos discos duros con datos sobre víctimas y testigos. El incidente tuvo un impacto fuerte sobre el personal de Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales que le reportan sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad. Difícil no relacionar este, y otros incidentes similares registrados en regiones, con la actividad criminal del DAS contra organizaciones de derechos humanos. El Consejo de Seguridad, basado en las conclusiones de su Grupo de Trabajo sobre niños y conflictos armados, acaba de requerir al Gobierno colombiano para que “siga adoptando medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los testigos (…) a la luz del incidente delictivo ocurrido el 6 de octubre de 2009”. Y le ha pedido también al Secretario General que reitere la necesidad de proteger la información y que transmita al equipo de Naciones Unidas en el país su “profunda preocupación” por el mencionado incidente.
Además, el Grupo de Trabajo le pidió al Gobierno adoptar “nuevas medidas para prevenir e investigar las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales de niños y castigar a los responsables como es debido”. Se refirió con ello al asesinato de civiles presentados falsamente por la Fuerza Pública como guerrilleros muertos en combate, muchos de los cuales son menores de edad. También le solicitó “que las fuerzas armadas nacionales cumplan plenamente la prohibición de utilizar a niños para actividades militares, incluso con fines de inteligencia”, entre otras violaciones.
El Gobierno colombiano no encontró más respuesta que la de expresar su extrañeza porque el Secretario General no le hubiera reclamado por el robo de octubre de 2009 en un informe previo, a pesar de que el incidente fue ventilado por Naciones Unidas ante la Cancillería y ante la Fiscalía. Y sobre el resto de conductas atribuidas a la Fuerza Pública, el Gobierno optó por desviar la atención hacia las violaciones cometidas contra los niños por las Farc y el Eln.
Por supuesto que las violaciones de las guerrillas (y de los paramilitares) también son graves y preocupan al Consejo de Seguridad. Tanto, que el Consejo considera necesario promover un diálogo “con las partes en el conflicto armado de Colombia (…) con miras a facilitar la formulación de planes de acción por esas partes” para la protección de niñas y niños, lo cual suena a herejía para la “seguridad democrática”.
Ojalá que la presencia del gobierno colombiano en el Consejo de Seguridad sirva para corregir sus desviaciones en relación con los niños en el conflicto armado y superar su aversión, heredada del anterior Gobierno, a las acciones de Naciones Unidas para reducir la barbarie de los grupos combatientes en Colombia.
* Director, Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org