“LA MORAL DE LAS TROPAS ESTÁ BAja”, dicen algunos generales, porque una juez condenó al coronel Plazas por la desaparición de once personas del Palacio de Justicia en 1985. La moral de la población civil está más baja aún, debido a la sistemática impunidad por violaciones de derechos humanos.
La población civil no entiende que la moral de las tropas se edifique sobre conceptos inmorales, como el de que la desaparición forzada no era una conducta prohibida en 1985 porque sólo fue reconocida como delito en las leyes colombianas en 2000. Un agente estatal, sin que nadie se lo diga, no debe desaparecer personas, porque eso es bárbaro y, por consiguiente, está prohibido por el derecho internacional consuetudinario. En 1985, quien desapareciera a una persona incurría en delito de secuestro, crimen de ejecución permanente que se continúa cometiendo mientras el paradero de la víctima se ignore.
No es cierto que Colombia sea el único país en guerra donde a los militares los juzgan los civiles. En Bélgica y en la República Checa no hay fuero militar. En Holanda y Finlandia, la investigación de delitos cometidos por militares sólo puede ser realizada por el fiscal civil. En Argentina, un homicidio no puede ser juzgado por los militares. En España, Portugal, Alemania y Canadá, sólo puede serlo cuando sea cometido en guerra en el extranjero. Lo que la población civil no entiende es que para mantener la moral de las tropas se pretenda que los crímenes de lesa humanidad que cometan miembros de la fuerza pública contra nacionales en Colombia sean juzgados por sus compañeros de armas. Ese no es el fuero militar establecido en la Constitución, según la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las leyes nacionales y tratados internacionales.
Si algún sobreviviente del M-19 cometió crimen de lesa humanidad debe ser igualmente juzgado. La amnistía para este grupo excluyó los delitos atroces. La población no entiende que un crimen cometido en su contra se anule por el cometido por un contrario.
Lo que más afecta la moral de la población es ver la capacidad del poder militar de encadenar a la autoridad civil para que garantice impunidad y autonomía a los soldados. El poder que adquirieron dentro del Estado las fuerzas castrenses desde el golpe de 1953 no se desarticuló con el Pacto del Frente Nacional en 1957, sino que dio lugar a un híbrido cívico-militar que aún perdura. Como un centauro (mitad hombre, mitad caballo), la república militar (mitad democracia, mitad dictadura) se manifiesta de nuevo en este episodio, en el que se arremete contra los avances de la Constitución de 1991, nunca aceptados por los creadores de los grupos paramilitares.
Si el presidente entrante cede a esta presión, se convierte en un títere y se expone al aislamiento de la comunidad internacional. Si enfrenta el reto de poner punto final a esta república militar, manteniendo las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, incluido el efectivo desmantelamiento del paramilitarismo, colmará el anhelo de levantar y armonizar la moral de las tropas y la de la población civil.
* Director Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de este artículo pueden verse en www.coljuristas.org