Un “apoyo pleno y unánime al proceso de paz en Colombia” fue expresado el pasado 11 de octubre por los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que “reafirmaron su compromiso de trabajar con Colombia, bajo su nuevo Gobierno, para renovar el impulso de la implementación del Acuerdo de Paz a fin de alcanzar una paz duradera”. Junto con el secretario general, compartieron la esperanza “de que la nueva administración seguirá ocupándose de los temas que están en el corazón de la agenda de paz: la seguridad, el desarrollo y el Estado de derecho en las zonas afectadas por el conflicto; un sistema efectivo de verdad, justicia y reparación para las víctimas, y los compromisos esenciales asumidos con quienes dejaron las armas”.
Este importante respaldo se basó en el informe que el secretario general presentó el 28 de septiembre anterior, en el cual reflejó un detallado y completo escenario de luces y sombras acerca del estado del proceso en el país. No se omitió allí la expresión de preocupación por diversos hechos graves: el abandono de espacios territoriales para capacitación y reincorporación por parte de varios excomandantes de las Farc, la persistencia de violencia en las zonas de conflicto, la debilidad o inexistencia de instituciones estatales en algunas regiones, el grave rezago en el proceso de reincorporación económica de aproximadamente 14.000 excombatientes, la permanencia en prisión de 232 antiguos miembros de las Farc acreditados, el asesinato de nueve exmiembros más de las Farc en el último año (71 desde la firma del Acuerdo); los asesinatos y amenazas, “que no han cesado en lo más mínimo”, contra líderes y defensores de derechos humanos, incluidas mujeres y comunidades étnicas, y el aumento de víctimas de minas antipersona en 2018 (46 en los primeros ocho meses, frente a 18 en igual período de 2017), entre otras falencias notorias.
Pero también se destacaron elementos positivos: la celebración de un Pacto por la Vida en Apartadó el 23 de agosto, donde el presidente dio instrucciones al Ministerio del Interior para la elaboración urgente de políticas de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos; la existencia de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad bajo el liderazgo del presidente, como un elemento único del proceso de paz colombiano; el compromiso del presidente de incluir un capítulo sobre indígenas en su Plan Nacional de Desarrollo, y la solicitud del Gobierno y de las Farc de que “se renueve el mandato de la Misión [de la ONU] como prueba de su compromiso con ver llegar este proceso hasta su culminación con éxito”, entre otros aspectos promisorios.
En especial, “los miembros del Consejo de Seguridad resaltaron la importancia de la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz, una institución central del proceso de paz que brinda garantías a las víctimas” y “recalcaron que [su] independencia y autonomía deben ser plenamente respetadas”.
Qué paradoja que haya dentro del país quienes aún pretenden hacer trizas un proceso que el Consejo de Seguridad considera “fuente de inspiración para los esfuerzos realizados en muchas partes del mundo para poner fin a los conflictos y construir la paz”. Qué reto a la cordura.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).