En Colombia, desde 1995, existe un instrumento de planeación que se proyecta por decenios para definir los horizontes de la política pública educativa, que tiene el propósito de trascender los programas de gobierno: se trata del Plan Decenal de Educación- PDE, cuyo primer precedente fue la vigencia 1996-2005.
Este primer PDE planteó: i) convertir la educación en un propósito nacional y asunto de todos; ii) lograr que la educación se reconociera como eje del desarrollo humano, social, político, económico y cultural de la nación; iii) desarrollar el conocimiento, la ciencia, la técnica y la tecnología; iv) integrar orgánicamente en un solo sistema la institucionalidad del sector educativo y las actividades educativas de otros entes estatales y de la sociedad civil; y, v) garantizar la vigencia del derecho a la educación.
La meta, en ese entonces, era que para el 2005 se destinara “[…] el 8.5% del P.I.B. a la educación, proviniendo el 6.5% el sector público y el 2.0 % del sector privado” […] (MEN, 2000). Sin embargo, la propuesta se diluyó y se perdió la oportunidad de avanzar en el fortalecimiento del derecho a la educación.
Está finalizando el PDE 2016-2026. Su formulación estuvo signada por la presencia de intereses de grupos del sector educativo privado que buscaron forjar un modelo en el que la educación dependiera de grandes capitales y organismos multilaterales. Para poner un ejemplo, propone que “La educación en el 2026 deberá ser gratuita y de calidad en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la terciaria […]”, pese a esto, se trató de un decenio que marcó la profundización de la crisis de desfinanciación y marchitamiento de la educación superior pública; favoreció el subsidio a la demanda, que se llevó cuantiosos recursos de la educación pública superior a instituciones privadas; fragmentó la articulación de la educación media con la superior; fortaleció lo técnico y lo tecnológico (como mano de obra calificada).
Por lo anterior, requerimos con urgencia que la construcción del nuevo PDE reoriente los horizontes y se constituya como referente en la política pública educativa, esté al servicio de las transformaciones de la sociedad en sus territorios, instituciones educativas y proyectos de vida para el delineamiento de un sistema robusto, sostenible, relevante y pertinente que atienda con principios de justicia social, equidad y paz.
En este sentido, el PDE 2026-2036 puede permitir reconocer algunos elementos para garantizar su trazabilidad a corto, mediano y largo plazo:
- Atender evaluaciones de los alcances y sentidos de los PDE, al tenor de lo estipulado en la Ley General de Educación: “Este plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales de desarrollo”, lo que implicaría la vinculación de la educación a la soberanía nacional, intereses populares y un gran proyecto pedagógico.
- Reiterar el cumplimiento del mandato de la Ley 115 de 1994 en su artículo 9 que indica que “el desarrollo del derecho a la educación se regirá por ley especial de carácter estatutario”.
- Enfocar el nuevo PDE en la defensa de la educación pública, la diversidad cultural y su fortalecimiento, sin desconocer el aporte de los particulares.
- Resignificar los criterios de evaluación de la calidad de la educación en función de la formación integral, y reconocer el valor de las prácticas pedagógicas de aula mas allá de los indicadores y estandarización de pruebas.
- Concertar un nuevo estatuto único de la profesión docente y propender por una reforma curricular frente a las nuevas realidades en la formación en cada uno de los ciclos de la escolarización, articulando con la educación superior.
- Definir un nuevo proyecto de formación que atienda las exigencias de la época desde políticas territoriales, demandas pedagógicas y alcances descolonizadores nacionales e internacionales, en diálogo con las facultades de educación, centros de investigación, organizaciones sindicales, así como con el cuerpo profesoral, el movimiento estudiantil y demás actores.
- Articular el PDE con una política clara y financiada en ciencia y tecnología en la educación.
Y nos permitimos dejar abiertas preguntas que posibiliten reflexionar colectivamente, y pueden aportar en la construcción del nuevo PDE:
¿Para qué sujetos, qué sociedad, tipo de nación y modelo de desarrollo está destinado este Plan?, ¿desde dónde recoger acumulados y debates epistémicos en torno a la formación, prácticas pedagógicas, nuevos campos de conocimiento y estudio referidos a la interculturalidad, educación propia, etnoeducación, pedagogías críticas, educación popular, relaciones entre ciencia y tecnología, los nuevos cimientos acerca de paz, memoria y DDHH?, ¿cómo garantizar, dentro de la discusión del Sistema General de Participaciones, el financiamiento del Plan Decenal?, ¿podrá ser este Plan una propuesta renovada para volver a debatir la Ley Estatutaria de Educación y reconocer el derecho a la educación como derecho fundamental desde grado 0 a la superior y como bien común?
Insistimos que esta construcción tiene que responder al interés colectivo de nuestras comunidades académicas. Cuenten con los 97 años de trayectoria del Instituto Pedagógico Nacional y los 70 años de formación de maestra(o)s de la Universidad Pedagógica Nacional para apoyar, con su capital investigativo, docente y crítico, en la asesoría al MEN en este nuevo proyecto educativo.