El gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Álvaro Guillermo Rendón López, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, demandaron por $9,9 billones a las empresas que han participado en la construcción de la hidroeléctrica de Hidroituango, a saber: diseñadoras, Integral y Solingral; constructoras, Consorcio CCC, integrado por Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa; interventoras, Ingetec y Sedic; aseguradoras, Suramericana de Seguros y Chubb Seguros.
El señor Rendón López dijo: “Luego de una revisión minuciosa de la documentación en materia jurídica, se identificó que muchos agentes conocieron durante el desarrollo constructivo de Hidroituango que había problemas para cumplir con el hito de entrada en operación comercial y que las recomendaciones y acciones que se tomaron trajeron consigo un riesgo que condujo al colapso de la galería auxiliar de desviación”.
Entiendo que EPM y la Alcaldía le enviaron una carta a la Procuraduría Delegada para Asuntos Administrativos solicitando su intervención en la demanda. Pero advirtiendo que agotarán primero las instancias de conciliación con las empresas aludidas. Los procesos de esta clase no tardan menos de 20 años, por lo general.
La Junta Directiva de EPM le manifestó al gerente, en carta del pasado 10 de agosto, su preocupación y malestar por: 1. No participar en la discusión y el análisis de temas relevantes en los que debería participar. 2. La toma de decisiones en temas como: la ampliación del objeto social y las decisiones jurídicas contra empresas que han participado en el proyecto de la hidroeléctrica Hidroituango. 3. El querer dar a entender a la opinión pública que la Junta Directiva sí participó en dichas decisiones, cuando en efecto no lo hizo.
Por falta de respuestas satisfactorias del alcalde y del gerente a los puntos anteriores, renunciaron el 11 de agosto pasado los 8 integrantes de dicha junta. El alcalde preside la junta y aprobará los candidatos presentados para la nueva. Ojalá no elija una junta de bolsillo para elevar entre 2020 y 2023, las transferencias de EPM al municipio de $1 billón/año a $1,5 billones/año, tras elevarnos las tarifas de los servicios públicos.
Dada la magnitud de la demanda mencionada, un fallo contra nuestras empresas de ingeniería y aseguradoras las borraría del mapa. Quien escribe trabajó hace muchos años en Integral y en Solingral. Mis planos los llenaba de correcciones mi jefe, el ingeniero y ministro de Minas Óscar Mejía Vallejo. Pero ahí no paraban las cosas, después de muchas idas y venidas, de muchas vueltas y revueltas, los planos que Mejía nos aprobaba también los llenaba de tachaduras y mejoras, una empresa estadounidense de nombre: Harza Engineering Company. Quien desee ahondar sobre esta consultora para los grandes proyectos hídricos del mundo puede digitar por Google: Harza Company Profile, Information, Business, Description, History. Fue fundada en 1920, cuenta con 800 empleados y sus utilidades operacionales ascienden hoy a $120 millones de dólares.
Mi conclusión. Como exgerente financiero y exmiembro de la junta de EPM por breves períodos hace 40 años, le censuro a EPM no haber exigido la presencia de una consultora de la categoría de Harza para el diseño, para la interventoría o para ambas tareas. En todo el mundo, proyectos de tal magnitud acuden a expertos de talla mundial, salvo para la EPM de años recientes. La omisión inicial, clave y fatal, radicó en no haber contratado una consultora tipo Harza, lo cual es culpa tanto de las juntas directivas, como de alcaldes y de gerentes anteriores.
El “pintoresco alcalde” Quintero y el “paracaidista gerente” Rendón no cayeron en la cuenta de la contrademanda causada por la omisión aludida con la cual pueden responder las empresas colombianas a punto de ser arrasadas por un alcalde y un gerente para quienes ya no pasa una semana sin proponer una insensatez cada vez mayor.