La interceptación de llamadas telefónicas, las denominadas "chuzadas", figuran dentro de las actividades normales, autorizadas a los organismos de seguridad de numerosos países, sin necesidad de obtener órdenes judiciales previas.
La sola presunción de actividades en conexión con grupos terroristas o con movimientos de dinero provenientes del narcotráfico bastan para que los organismos de seguridad inicien los seguimientos por iniciativa propia. Las dictaduras, los extremos de derecha y de izquierda son los maestros en este tipo de espionajes, con fines realmente torvos, porque van acompañados con la invención de pruebas y con la preparación de testigos falsos.
Maquiavelo, el calumniado Maquiavelo, decía entre sus enseñanzas de realismo político, que la primera obligación del gobernante es gobernar. Y gobernar es mantener un orden político, social y jurídico. Para el mantenimiento del orden, deben los organismos de policía no solamente reprimir las alteraciones sino prevenirlas, ya que son el soporte de esa trascendental función.
Desde tiempos inmemoriales se conspiraban las turbaciones del orden en reuniones clandestinas, en las cuales se preparaban atentados contra altos funcionarios, el Ejército o la policía. Los eternos conspiradores, los mamertos de todos los países de occidente, ajustan ya un siglo incitando en reuniones subrepticias huelgas laborales, paros, asonadas, difamaciones… e instigando al desconocimiento tanto del gobierno como de toda forma de autoridad. Y en estos terrenos se tenía que mover la inteligencia para realizar su tarea de prevención.
Los sistemas modernos de comunicación reemplazan hoy aquellas prácticas con otras más ágiles, más penetrantes y más peligrosas. Por lo que la tarea preventiva de los órganos de policía debe adecuar sus métodos y sus instrumentos a estas nuevas formas. Desde el teléfono de algún magistrado retorcido o de algún periodista solapado se puede conspirar más efectivamente que con el discurso de un agitador melenudo.
Defender, pues, el orden público de la anarquía es deber no solamente de quienes tienen la responsabilidad del Estado, sino de quienes influyen en la sociedad desde los medios de comunicación. No defenderlo es incurrir en omisión cómplice, en discreción nociva o en absurdo complejo de culpa suscitado por las críticas de los anarquistas. Es, pues, signo de debilidad. Y la función de gobernar no admite ni excesos, ni debilidades.
En el caso Watergate en los Estados Unidos se interceptaron llamadas por orden de un presidente demócrata, Richard Nixon, para espiar al partido republicano con fines de política electoral y no de política del Estado. Esto ocasionó la caída de dicho mandatario. Comienzo por anotar que las circunstancias de entonces eran muy diferentes a las de hoy. No existían en tal época ni terroristas, ni narcotraficantes, existía, sí, la “guerra fría” con Rusia. Conviene preguntar al respecto, ¿se repetiría la historia hoy si algún parlamentario republicano anduviera en relaciones sospechosas con terroristas, espías extranjeros, prostitutas o narcotraficantes mimetizados? A dicho presidente lo juzgarían hoy por lo contrario, por bobalicón, por no investigar, por no anticiparse a los hechos.
Con cuanto sí no podemos estar de acuerdo es con desviar unas investigaciones justificadas por las razones descritas hacia algo totalmente inaceptable, hacia una guerra sucia contra los magistrados, los políticos, los periodistas, las organizaciones internacionales… inventando pruebas, vínculos con las Farc, sabotajes, denuncias, rumores… Para prevenir éstos y otros abusos criminales crean las democracias ejemplares sistemas de inteligencia y de contrainteligencia, para que se vigilen y controlen uno a otro.