Finalmente el ministro de Hacienda anunció la presentación de un proyecto de reforma tributaria integral, uno de cuyos objetivos centrales está dirigido a “…simplificar el estatuto tributario y hacer más sencillas las normas actuales”.
Sin duda, es una muy buena noticia, si es que se concreta, porque lo mismo anunció el gobierno anterior e incluso alcanzó a presentar un proyecto en esa dirección, pero muy pronto algunos de los ministros y el propio presidente lo desbarataron, apoyando un proyecto que marchó en la dirección opuesta.
A este gobierno hay que creerle, porque ha mostrado buenas intenciones y aparentemente escucha las opiniones de los técnicos. Sin embargo, lo que se ha visto en estos seis meses no permite guardar muy altas dosis de optimismo. Es elemental que para tener normas claras, como aspira el gobierno, éstas no pueden ser tan extensas ni tan numerosas, lo cual exige evitar la improvisación, que hasta ahora no ha estado ausente. Sólo en las leyes sobre formalización, generación de empleo, control y competitividad, y en el Decreto 4825 sustentado en la emergencia económica y social, expedidos al final del año 2010, se incorporaron al menos 82 artículos que modifican o adicionan el Estatuto Tributario; hay cuatro artículos más en el proyecto de ley del Plan de Desarrollo. Muchos de ellos no son muestras de brevedad y claridad, lo que exigirá un esfuerzo reglamentario y abre además la posibilidad, que ya se está concretando, de que sean objeto de demandas.
Frente a estos antecedentes no es claro que se esté preparando el camino para presentar un proyecto para simplificar el régimen tributario.
Por el contrario, hace recordar una práctica que utilizó la administración pasada, cuando propuso y consiguió una ley de estabilidad jurídica con la clara intención de blindar las normas y la doctrina tributaria, al mismo tiempo que preparaba un proyecto de ley para corregir los innumerables errores existentes en esa materia.
A propósito de estabilidad jurídica, aunque el ministro no lo anunció, es de esperar que, al lado de la simplificación de las normas, la reforma proyectada apunte a devolverle al régimen tributario la justicia y la equidad, tan lastimadas con el pretexto de la confianza inversionista. Los contratos de estabilidad jurídica y de zonas francas especiales, además de otorgar privilegios en forma discrecional, constituyen serios inconvenientes para legislar con imparcialidad e igualdad. Y también atentan contra la claridad, la neutralidad y la simplicidad, porque mientras existan normas o doctrinas que rigen para un grupo selecto de contribuyentes, o aún para uno solo de ellos, seguirán formando parte del ordenamiento jurídico.
Qué bueno para el país que por fin tuviéramos un cambio de estilo en la forma de concebir y de debatir las normas tributarias, como que suministran el combustible para que las locomotoras marchen adecuadamente. Se requiere, por supuesto, el apoyo decidido del Congreso, porque, de lo contrario, las locomotoras que tanto seducen el presidente y a su equipo van a seguir marchando al tradicional ritmo de los ferrocarriles nacionales.