Cuando el vino desnudó sus encantos al comienzo de nuestra civilización, el Estado vigilante le echó mano inmediatamente con normas y controles para tasar su consumo y su comercialización con gravámenes y prohibiciones.
El Imperio romano, gran difusor de la vitivinicultura, expandió el cultivo de la vid y la elaboración de vinos a toda Europa para generar empleo y recolectar impuestos por su venta y distribución. Más de dos mil años después, esa sigue siendo una regla de oro en los estados modernos.
Otros episodios durante la barbarie europea tuvieron al vino ad portas de su desaparición y fue gracias a la acción redentora de las comunidades religiosas que la tradición se mantuvo en pie.
Aunque intolerantes del alcohol, pero menos fundamentalistas, los invasores árabes en la península Ibérica atacaron la comercialización de la bebida, pero permitieron a los campesinos continuar con la elaboración artesanal de mosto, con fines estrictamente familiares.
Siglos después, en Estados Unidos, la era de la Prohibición levantó un colosal muro contra el consumo masivo de bebidas alcohólicas, que redujo considerablemente la producción y condujo a la desaparición de numerosas e históricas bodegas, especialmente en California.
Hoy, las embestidas contra los productores de vino no son tan virulentas, pero la venta de la bebida ha sido objeto de tasas impositivas que, a la postre, encarecen el producto, reducen la demanda y los ponen en aprietos.
Esta tendencia se ha sentido con mayor fuerza en los países no productores, que, creyendo que pueden captar impuestos mediante la venta de vino, privan a muchas personas de los beneficios de la bebida, si se ingiere con moderación.
Otros estados de mano más dura han introducido distintas talanqueras con el argumento de retirarle adeptos al alcohol. En algunos casos castigan al vino como si se tratara de una terrorífica amenaza. En cambio sí son tolerantes del porte de armas y, en algunos casos, llegan a ser hasta productores de bebidas con niveles de alcohol muy superiores, mucho más dañinas desde el punto de vista social y humano.
Todo esto viene a la mente tras el anuncio del nuevo gobierno chileno de Michelle Bachelet de incrementar los gravámenes de la comercialización local del vino, en un entorno donde la calidad de sus productos ha convertido a Chile en un caso de éxito mundial. Y todo esto ocurre en momentos en que los productores chilenos encuentran en el exterior una mayor competencia internacional, todo lo cual vulnera la esencia misma de las casas productoras y de los pequeños viticultores.
El proyecto gubernamental es incrementar el impuesto de 15% a 18% por litro, con un gravamen adicional del 0,5% por grado de alcohol por volumen. Si la medida se implementa, el consumo interno chileno se reducirá sensiblemente, restándoles ingresos valiosos a los productores, quienes para mantenerse en el mercado internacional deben subsidiar con sus ventas locales las exportaciones al resto del mundo. Y si se ven obligados a incrementar sus precios al mundo, correrán el riesgo de salirse del mercado. Las consecuencias serían funestas para una actividad económica que ya ha completado 500 años de supervivencia en territorio americano.
Una situación similar se vive Argentina, donde los productores deben pagar una retención por exportaciones y, al mismo tiempo, defenderse de una espiral inflacionaria que les mina competitividad. Aquí también el consumo local, a favor de la cerveza y otras bebidas, ha hechos descender el consumo de vino de 90 litros per cápita anual, en los años 60 y 70, a cerca de 30 en los momentos actuales.
Además, en mercados como Ecuador y Venezuela, los impuestos por consumo han elevado el precio del vino a niveles difíciles de sostener para los consumidores. Y en Colombia se habla de medidas en la misma dirección.
Es posible que la voz de los productores y de muchos consumidores se haga sentir frente al poder político en los próximos días. Sería la única forma de evitar un colapso del sector. Pero no hay garantías de que así ocurra.
En últimas, Chile y Argentina seguirán perdiendo puntos frente a sus competidores, quienes, muchas veces, reciben subsidios para exportar sus vinos al exterior. Aunque es preferible no recibir dádivas, esta ha sido la única forma de mantener viva en Europa una actividad cultural y económica de más de 2.000 años de historia.