De manera intermitente aparecen en la prensa preocupaciones por la intervención de agentes superiores de la Fiscalía en relación con subalternos suyos, por cuenta de algunos sonados casos litigiosos.
Veamos qué hay allí.
Antes de 1991, cuando el panorama penal respecto de delitos graves estaba dominado por jueces de instrucción criminal independientes y soberanos, la mayor queja tanto de los gobiernos como de la comunidad, y hasta de los mismos jueces, era la impotencia, la dispersión de esfuerzos y la imposibilidad de que el Estado como un todo, y el Ejecutivo en particular, tuvieran una política criminal coherente.
Me contó César Gaviria, presidente entonces, que había testigos de masacres de narcos y paras que le contaban al presidente Barco los pormenores de las hazañas delincuenciales, pero que se negaban a declarar ante los jueces por falta de seguridad, protección y coherencia estatal.
Eso nos llevó a promover ante la Constituyente la creación de la Fiscalía General. Como gobierno (quien esto escribe era ministro) propusimos una fiscalía pequeña, sólo para delitos graves, especializada y ágil, bajo el mando del Ejecutivo, con la sola función de investigar, perseguir el delito y acusar ante los jueces.
Precisamente se quería evitar que cada fiscal (dentro de la nueva organización), a semejanza de sus antecesores, los jueces de instrucción, alegara su soberanía para negarse a perseguir un narco o, también, para acosar una figura pública sin fundamento distinto a la animadversión.
Esto es: un organismo bajo el liderazgo de un Fiscal General que, siendo una figura visible, bajo el peso del escrutinio ciudadano, tuviera toda la capacidad de conducir la política criminal. No alguien que se lavara las manos so pretexto de que sus subalternos eran autónomos.
Álvaro Gómez, en mala hora, atacó nuestras ideas y contribuyó a crear el engendro de una Fiscalía que hace parte de la rama judicial. O sea que dejó el virus mutante de la autonomía de los subalternos.
Admito que una Fiscalía con enormes poderes y bajo la dirección del gobierno genere preocupaciones. Pero en forma acertada, en la pasada reforma, se logró el equilibrio. Una Fiscalía que simplemente acusa, pero que no dicta autos de detención ni puede hacer interceptaciones sin orden judicial.
En este esquema, es totalmente lógico que, como en las películas gringas, el Fiscal General tenga el poder de instruir a sus subalternos y decidir conjuntamente con ellos si en cada caso debe buscarse la acusación o la preclusión. Son los jueces los que deciden.
Pero un fiscal eunuco, que no puede hablar con sus subalternos, es un salto al pasado. Es un atavismo impracticable. Con el agravante de que, a la colombiana, ese fiscal terminaría enviando razones clandestinas a funcionarios de confianza sobre cómo proceder en cada caso importante.
Me ratifico: lo clásico y lo obvio es un Fiscal que conduzca de frente su tarea de aplicar la política criminal en cada caso, orientando bajo su liderazgo la tarea de ejercer la acción penal. Son los jueces los que, ellos sí, de manera autónoma, intocable y solitaria, toman las decisiones.
Un Fiscal que habla con los periodistas pero tiene que guardar silencio frente a sus subalternos, es apenas un mamarracho. Un nuevo acto de hipocresía del cual hay que huir.