Un país puede funcionar más o menos bien con una mala Constitución.
Pero lo que sí no puede soportar es que varias constituciones tengan vigencia al mismo tiempo. No es una caricatura. Eso podría ocurrir si sale adelante la iniciativa del Consejo de Estado sobre tutela, que le otorga a cada una de las altas cortes el poder de decisión definitivo, privando a la Corte Constitucional de actuar como órgano de cierre.
Hipótesis habría miles. Muchos periodistas han sido denunciados penalmente por afirmaciones en los medios de comunicación. Podría existir allí un choque entre dos grupos de derechos: intimidad y buen nombre por un lado, y derecho de información y libertad de expresión por el otro. No es imposible que por el camino penal el periodista termine condenado. Mientras que si el asunto toma la vía de la tutela, la Corte Constitucional le dé mayor peso a la libertad de expresión. Un panorama igual se puede presentar en relación con una infinidad de situaciones: objeción de conciencia, secreto profesional, eutanasia, aborto, respeto a los símbolos patrios, acoso laboral, derecho de asociación sindical, libre desarrollo de la personalidad, en fin, por así decirlo, la totalidad de la Carta de derechos. Una Constitución para cada Corte. Esa trifurcación le introduce una alta dosis de albur al control constitucional. Una especie de ruleta cuyo resultado depende del groupier que esté al mando.
Sin embargo, dicho lo anterior, es plausible que el Consejo de Estado haya ingresado a la discusión racional sobre los diversos y complejos temas de la así llamada reforma judicial. Suponemos que la invocación a la intervención extranjera ha quedado congelada, como debe ser. El proyecto del Gobierno puede ser bueno, regular o malo. Pero sostener que porque el ministro de Justicia tenga asiento, sin voto, en el Consejo Superior, o porque se le confían provisionalmente a unos abogados tareas de descongestión judicial, dicha iniciativa implica un atentado contra las instituciones y la separación de poderes, es una afirmación exagerada, un acto reflejo que no armoniza con la serenidad propia de los altos tribunales. A ellos les debemos mucho. No me canso de repetir que con la Sala Penal el país ha adquirido una deuda impagable: son unos héroes que lograron frenar la instauración de la narcodemocracia armada. Pero las cortes tampoco pueden actuar con una visión autista, negándose a reconocer las graves deficiencias de la rama, muchas de ellas imposibles de atribuir a otros poderes.
Hablo de la “llamada” reforma judicial, porque ésta, en verdad, es más bien una reforma del poder. Es un intento de deconstrucción de las piezas del poder y una iniciativa para repartir la torta de otro modo.
Muy pocas iniciativas realmente apuntan al día a día de la justicia, cuyas dolamas provienen de circunstancias más pedestres y menos encopetadas. En esto no le falta razón al presidente Camilo Tarquino. Por fortuna, el ministro Esguerra reconoce que esta es apenas una de sus muchas preocupaciones. Que van a ser varias y crecientes. Nombrado en tiempos de paz, ha tomado posesión en medio de una guerra que aleja el pretendido consenso. Ojalá tenga suerte.