TENGO LA MEJOR IMPRESIÓN DE Camilo Ospina como funcionario y como jurista. El intento reciente de involucrarlo con malas compañías no es verosímil. No conozco a los demás integrantes de la terna para Fiscal General.
Lo que voy a decir en seguida no es, por tanto, producto de desvíos personales.
En el sistema acusatorio clásico, la independencia del Fiscal no es requisito esencial. El Fiscal obra en coordinación con el Gobierno para aplicar una determinada política criminal. Eso no quiere decir que sea bueno un fiscal atrabiliario. Pero la cuota de neutralidad e independencia está más en cabeza de los jueces que de los fiscales.
En la Constituyente del 91, quien esto escribe defendió el proyecto del Gobierno cuya orientación, en líneas generales, se enmarcaba en una idea semejante. La propuesta no prosperó. A la Constituyente le pareció que una institución tan poderosa no debía estar en la órbita del Ejecutivo. Cuando más tarde se le quitó al Fiscal su competencia para detener y afectar los derechos del sindicado, y se la trasladó al juez de garantías, la Fiscalía terminó estando ubicada en un punto más próximo al sistema acusatorio puro en el cual, como se dijo, la cercanía con el Gobierno no reviste caracteres dramáticos.
Eso es lo abstracto. Pero lo concreto, absolutamente inédito en nuestra historia, es que un abultado número de miembros de la coalición gobernante está siendo sometido a procesos penales por la llamada parapolítica, uno de los fenómenos más desestabilizadores que haya padecido nuestra historia. También se examinan conductas ligadas al trámite de reformas constitucionales que favorecen la continuación del Presidente.
Entonces, la academia debe ceder ante la realidad del momento. En este punto de la historia, la autonomía del Fiscal se ha convertido en una garantía importante, tanto para el sistema penal como para la andadura democrática. En las circunstancias históricas descritas, cuando el reclamo de autonomía del Fiscal no es un capricho descabellado, el llamado de la Corte a rehacer la terna, aunque no esté basado en normas concretas, tampoco es un acto arbitrario. No nombrar no significa descalificar. La Corte no se ha pronunciado sobre los antecedentes de cada candidato, sino sobre el perfil de la terna. No debería haber sido imposible integrar de nuevo la terna, no propiamente con enemigos del Gobierno, algo descabellado, sino con personajes de alta respetabilidad, que sean garantía para todos y que, de paso, tengan experiencia en la ciencia penal. Los hay, y muchos.
No obstante, el Gobierno ha expresado que no procederá de esa manera. Hemos llegado a un oscuro callejón que sólo tiene dos salidas, ninguna óptima desafortunadamente. O la renuncia de los candidatos. Es casi elemental. Sin juzgar su condición personal, si el que nombra no quiere hacerlo, uno debe doblar su hoja de vida e irse tranquilo a su casa. La otra, que tácitamente se perfila en el comunicado del Gobierno: que el doctor Mendoza Diago siga en su cargo. Nadie lo ha descalificado.