Nada de original tiene afirmar que en vez de escucharnos, nos estamos insultando.
En un escenario tan agreste, produce alivio la reunión de miembros de fuerzas antagónicas esta semana que concluye, para perfilar un pacto sobre un aspecto esencial en el funcionamiento de la JEP.
Primero, por razones de forma. Conversar civilizadamente, en medio del fragor de esta marejada de odio, ya es un éxito para una sociedad. Tiene razón Ricardo Silva Romero.
Y también por razones de fondo. La fórmula adoptada es conveniente. He dicho mil veces que desguazar la JEP era una idea nociva para la paz y que arriesgaba a los propios uniformados. Haber alejado ese fantasma ya es un triunfo. De igual manera se sepultaron iniciativas nocivas como la de permitir que quienes no reconozcan sus crímenes pudieran recibir beneficios, o la de conceder excarcelaciones anticipadas, anular la verdad del caso en beneficio de una verdad acomodaticia y evitar la inclusión de magistrados nombrados a dedo por el presidente.
No es poca cosa.
Pero la conveniencia se percibe mejor por la positiva: las dos decisiones, incluir nuevos magistrados y establecer garantías frente a las incriminaciones ficticias, dan mayor solidez a lo pactado.
La FARC se equivoca cuando objeta que en el comité de escogencia van funcionarios de la “justicia del enemigo”. Primero, ya no es hora de seguir cavando trincheras. Es un error que la FARC piense que el camino es regresar a la madriguera. Además, ¡cuidado con el argumento! Porque por esa ruta terminan reforzando la injustificada creencia de que la JEP actual es coto de caza de la antigua subversión. Es el terrible juego de los espejos. La batalla de las ilegitimidades. La tesis de la FARC es un tiro en el pie. Contrapone dos prejuicios: todos los abogados de la Nacional defensores de los derechos humanos son comunistas y todos los jueces son esbirros del sistema. Además de ser un camino ciego, de manera injusta desconoce el trabajo de una jurisdicción que, con todo y todo, ha promovido los derechos fundamentales.
La actitud de descalificar de entrada personas que no han sido siquiera nombradas termina nutriendo el corrosivo argumento, injustificado pero existente, de que la JEP fue tomada de manera maliciosa para vengarse de los militares.
Es un momento de madurez. No me digan que incluir nuevos magistrados viola elementos centrales de Acuerdo.
Y en cuanto al régimen de incriminaciones, ya en el Acuerdo suscrito se dice que todas las afirmaciones deben ser contrastadas. ¿Hay algo malo en eso?
La FARC no puede regresar al pasado. No puede desdeñar el significado enorme que tiene contar con una JEP reconocida por fuerzas políticas antagónicas. Eso es invaluable.
Y eso de alardear con ponerle la queja al Tribunal de Roma es una pataleta. Aquí hubo un conflicto. Y hay enormes responsabilidades de todos. Las acciones de las antiguas Farc también caerían en esa jurisdicción. Eso no es serio. Una de dos, o la FARC pone la cabeza en la guillotina del Tribunal o acepta soluciones nacionales equilibradas. La antigua guerrilla No puede comportarse como si fuera el fiscal de la sociedad.
Por último, Lozada: si alguien se ha reventado las verijas en defensa del Acuerdo, desde el territorio del llamado establecimiento, ha sido este pechito. ¡A ver, Maestro!