En defensa de actuaciones de funcionarios del gobierno anterior, el círculo duro del uribismo acreditó la noción de «venganza criminal», para significar que todas las imputaciones giraban alrededor de un simple complot con fines políticos.
La repetición de la idea mostró que el verdadero propósito más bien era acreditar una marca, un eslogan, un grito de combate.
Ha sido nombrado Eduardo Montealegre como fiscal general. Este solo hecho implica que la llamada “venganza criminal” ha terminado. En primer lugar, Montealegre trabajó como asesor del gobierno anterior y también del actual. Entre varios delicados asuntos, a él se le depósito la inmensa confianza de defender al Estado precisamente en causas criminales supranacionales sobre violación de derechos humanos. Resultaría ahora un contrasentido que alguien que pudo ser objeto de tamaña responsabilidad, no sea creíble como máximo titular de la acción penal interna. Por otro lado, más allá de sus declaraciones de las últimas horas, Montealegre como magistrado constitucional mostró una verdadera sensibilidad en el terreno del llamado garantismo judicial. A eso se podría sumar su reiteración en que concibe la Fiscalía como un órgano plenamente integrante de la Rama Judicial y al fiscal como un juez. Desde la otra punta del espectro, Montealegre tuvo suficiente independencia en la Corte Constitucional para actuar sin sujeción alguna al gobierno de turno.
De modo que en esta guerra alrededor de la justicia, la designación de Montealegre ha producido un respiro tanto más necesario, cuanto que de la discusión democrática de fallos y decisiones esta sociedad fue pasando al literal linchamiento de la Rama Judicial, con todas las implicaciones que esto tiene para la solvencia de la democracia, las cuales ya se han dejado consignadas en esta columna varias veces.
Si queremos regresar a una discusión leal, lo que corresponde ahora es recibir al nuevo fiscal en un ambiente de respeto. Desde los cuatro puntos de la rosa de los vientos de la opinión pública, hay que abrir un margen para que el fiscal actúe sin los prejuicios y sospechas que han plagado la historia reciente del quehacer judicial.
Por cierto, ésta también debería ser la oportunidad para que la exdirectora del DAS renunciara al asilo y regresara al país. Ese asilo, por muy respetable que sea la institución misma, contiene una especie de descalificación de la justicia nacional, al aceptar de manera tácita que en Colombia no ofrece garantías suficientes.
Montealegre tiene inmensos retos al frente. Sería conveniente que su período fuese de cuatro años. Por ahora, que lo dejen trabajar.
***
Terminada la confección de esta columna se supo de la revocatoria de la medida de aseguramiento al doctor Restrepo. Según la información de prensa, la juez no encontró argumentos firmes para mantenerla. Desde la primera instancia se dijo que la medida obedecía a su condición de prófugo, no a las imputaciones que se le formulaban a la sazón. La segunda instancia confirma esta última apreciación. Por razones obvias nada de esto tiene que ver con el nuevo fiscal, pero hace todavía más palmaria la debilidad de esa operación de propaganda que recibió el malintencionado nombre de “venganza criminal”.