EN DOS COLUMNAS SUCESIVAS JOSÉ Obdulio Gaviria ha sostenido que la legitimidad superior del Gobierno proviene de la conquista de un trono moral: haber desnudado la pobreza ética y conceptual de quienes han admitido, así sea de forma pasiva, que la violencia no puede ser instrumento de lucha política.
En su segunda entrega, además, rastrea el origen de esta especie de abulia intelectual y lo encuentra en el leninismo y su exaltación de la combinación de formas de lucha que ha penetrado hondo en el disco duro de varias generaciones y ha sido aceptado en círculos académicos sin parar mientes en que, desde este punto de vista, tiene los mismos defectos del nazismo y de otras formas de reconocimiento de la violencia.
Ya en otros escritos de corte semejante había utilizado argumentos de igual jaez para librar una batalla a fondo contra la figura del delito político que supone fines altruistas en el delincuente.
En abstracto, la expansión de la democracia y la universalización de la justicia y los derechos humanos permiten, en el mundo de hoy, darle la razón a Gaviria en cuanto a su diatriba contra la violencia política. Es más, uno podría también aceptar que el delito político es una institución en vía de extinción. En efecto, esta figura nace de la mano de la extradición. Es en el plano internacional en el que se le dio cabida a la calificación de los motivos de un delincuente que era pedido en extradición por su país de origen. Si tal país padecía una tiranía, entonces no se le extraditaba, con el argumento de que las actividades delincuenciales se habían ejercitado contra un régimen oprobioso. Conceptualmente, pues, no cabe semejante idea cuando un país democrático va a juzgar a sus propios delincuentes nacionales que han actuado contra instituciones legítimas. Con mayor razón cuando, como en el caso de Colombia, estas actuaciones tienen tintes terroristas. Cosa distinta es que, una vez aclimatado el delito político, algunos hemos pensado que, aun si causa repudio moral, es un mecanismo cuya supervivencia permite posibles negociaciones futuras para buscar una salida política del conflicto. Pero somos conscientes de que las barbaridades de las Farc, y la expansión de la justicia transnacional, le dan un toque de anacronismo al delito político.
Pero José Obdulio no las tiene todas consigo. Haber actuado contra los focos de violencia, como en efecto lo ha hecho el Gobierno (algo que se le reconoce y se le aprecia), tanto en el plano material como en el intelectual, no son la credencial única que exige un entorno verdaderamente democrático.
En una visión más completa de la legitimidad democrática, hay otros tronos. Y el Gobierno queda en deuda con ellos.
Uno de los lemas de su primera campaña fue la lucha contra la politiquería. El Gobierno perdió ese trono moral con los tejemanejes que acompañaron a la primera reelección. Otro trono moral esencial a la democracia es el respeto entre los poderes públicos. Los sucesivos ataques a las Cortes, cualquiera sea la razón, determinan que también ese trono moral se ha perdido.
Y por fin, el trono supremo es el respeto a las reglas de juego. Hay quienes creen que en eso, y sólo en eso, consiste la democracia. Una nueva reelección mediante un cambio constitucional deja en entredicho ese trono moral.
Uribe continuaría sentado en un trono averiado.