Antonio Panesso Robledo se ha marchado. Difícil encontrar una vida periodística más fértil.
Quizás lo esencial de su obra fue una infatigable enseñanza en torno a la libertad, la tolerancia, y una permanente defensa de la razón humana frente al oscurantismo. Cuánta falta hacen ahora voces de ese perfil, cuando vemos cómo la irracionalidad no se doblega y reaparecen a diario preocupantes filones de estupidez. Es claro que aquella franja lunática que combatió Panesso, no sólo está viva, sino que aumenta su cobertura. Cada vez hacen más presencia brujos, espiritistas y toda esa amplia pelambre de individuos que apelan a la irracionalidad, a una supuesta conexión con un supramundo fabuloso para embaucar profanos.
Este tema se conecta con la cuestión del Estado laico. No porque queramos incluir la religión en la ralea que hemos descrito. En efecto, por razones antropológicas e históricas, la religión es un componente respetable de la vida comunitaria. Pero en cuanto apela también a creencias, dogmas y concepciones sobrenaturales ajenas por completo al campo de la ciencia, el Estado debe permanecer ajeno a la práctica de confesiones religiosas. La idea central no es combatir la religión, sino evitar que el Estado adopte alguna de las varias confesiones que en el mundo hacen presencia. La piedra de toque de esta conquista es, a la vez, el respeto a las decisiones personales y la protección de minorías, tanto más necesaria cuando, como en Colombia, hay una religión predominante. O sea que el llamado “hecho católico”, utilizado por varios teólogos como argumento para promover la confesionalidad del Estado, en verdad es un raciocinio en contra de esa pretensión. Precisamente el hecho católico abrumador debe llevar a una mayor separación de la Iglesia y el Estado, en orden a proteger minorías que son, valga el énfasis, verdaderamente minoritarias. Pero esto que, en términos criollos, fue un gran logro de la Constitución de 1991, ha venido opacándose. Cada vez con más frecuencia, funcionarios públicos representativos asocian sus actuaciones a actividades religiosas. Comenzaba la Semana Santa pasada cuando oímos con alarma al jefe de seguridad vial de la Policía y al encargado del estudio del clima recomendar vivamente a los ciudadanos que se dedicaran a rezar con el objeto de mitigar los problemas inherentes a sus portafolios administrativos. Este ya no es un acto individual, al que tienen pleno derecho, sino una preocupante vinculación de sus funciones públicas a recomendaciones religiosas que están totalmente fuera del territorio del Estado.
Una vez expedida la Constitución, el efecto en torno a la libertad religiosa fue inmediato. Fue la época en que la Corte modificó a fondo el Concordato, se puso fin a la consagración de la República al Sagrado Corazón y a otras manifestaciones de ese tenor. Lamentablemente vino una reversión en ese camino libertario. Particularmente el gobierno anterior, incluyendo al presidente Uribe, regresó a la práctica de asimilar religión y poder político. Se acepta que la línea entre los derechos del funcionario a ejercer su culto y los deberes como gobernante es a veces sutil. Pero es necesario retomar a fondo el camino del Estado laico abierto por la Constitución. Algo que no se puede abandonar, no por odio religioso, sino al revés, en defensa de la libertad religiosa sin discriminación.