Ya se sabe y podemos abreviar: la reforma a la justicia comenzó como lobo con piel de oveja y terminó como lo que era: lobo con piel de lobo.
Al amparo de la penumbra que facilita el manejo de las famosas comisiones de conciliación, el Congreso desbordó todo límite. Puso en marcha un ominoso mecanismo de relojería para golpear la Constitución de 1991 en su punto más sensible, echando por tierra el andamiaje ético que desde su nacimiento había sido su signo distintivo.
Pero si bien ese momento final es un episodio impúdico, la mecha lenta de este carro bomba venía de antes. Hace meses se había aprobado una reforma asombrosa según la cual, si existían conflictos de interés en los congresistas, bastaba llevar a la Constitución el atropello para asearlos de toda culpa. La Constitución dejaba de ser el receptáculo de los limpios valores democráticos para convertirse en abrigo de la inmoralidad. Lo denunciamos a tiempo sin éxito.
Este rosario de anormalidades condujo el pasado jueves a una reacción presidencial que es necesario apoyar. En gesto sin precedentes, el jefe del Estado devolvió con objeciones la reforma constitucional. Como él mismo lo dijo, obró en cumplimiento de un deber supremo para evitar los perfiles más azarosos del golpe de mano.
Pero el aplauso no impide señalar que ninguna de las ramas del poder sale indemne de este triste episodio. Hemos terminado jugando en el peligroso borde de la cancha.
Del Congreso no hablemos. Con excepción de la lista de parlamentarios que negaron la conciliación, la cual fue oportunamente publicada por la periodista Eva Rey, la mayoría votó a favor, bien por ignorancia o de manera intencional. El Congreso traicionó a sus votantes e incurrió en un acto lamentable.
El Gobierno tuvo que romper la tradición. La tarea constituyente no ha estado sujeta al mecanismo de objeciones y menos por inconveniencia. Un acto necesario pero triste; para no repetir. La Constitución no puede quedar al garete de la imprenta oficial. De paso, es difícil de explicar el “misión cumplida” del ministro Esguerra la noche del desafuero y su afirmación de que se había logrado una buena reforma.
Las cortes, a su vez, jugaron un juego confuso. Pasaron de la cooperación inicial al retiro airado. La Suprema guardó silencio. Vino el regreso al diálogo, para desembocar en la crítica acerba. Exaltemos a los magistrados Pinilla y Calle que han anunciado que renuncian a sus beneficios.
Lo cierto es que hemos arriesgado un peligroso juego de poder que, si las circunstancias fueran distintas, implicaría un monumental choque de todos los trenes, cuyo efecto duradero sería el derrumbamiento de la separación de poderes y la defenestración de la supremacía constitucional.
Ojalá el Congreso acepte las objeciones, aunque no olvidemos que ellas se limitan exclusivamente a los protuberantes abusos de la noche de la conciliación, dejando intactos los demás elementos nocivos de la reforma. Lo recomendable es que la reforma toda debe abortar en medio de un compromiso nacional incluyente sobre los cambios esenciales en la justicia, una tarea todavía pendiente. Para no tener que repetir un procedimiento necesario por fuerza mayor pero que abre una peligrosa brecha en el Estado de derecho.