Cuando se presentó el proyecto de la mal llamada reforma a la justicia a consideración del Congreso, varios columnistas miraron el asunto con suspicacia.
Entregarle esta tarea a un Congreso al que acuden varios parlamentarios investigados, es como poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. Eso dijeron. Este plumífero no estuvo de acuerdo. Quizás con ingenuidad republicana dije que no podíamos caer en la parálisis y que la institución llamada a decidir estos temas era el Congreso. Además, la otra posibilidad, una Asamblea Constituyente, que exige un 30% de voto popular para convocarla, es una idea poco práctica. Agréguele a esto que aunque su temario sea aparentemente limitado a la justicia, por esa vía no hay artículo constitucional que no se pueda tocar. A 20 años de una Constitución, esto no augura nada bueno.
También escribí que aunque comprendía las razones para eliminar la posibilidad de recusar a los congresistas por conflictos de interés cuando se trataba de reformas constitucionales, en constituciones tan detalladas como la nuestra, había un peligro latente.
Pues ahora ha saltado la liebre, y de qué manera. Se propuso la inmunidad parlamentaria, algo afortunadamente eliminado en 1991. En su favor se dijo que era una institución universal. Pero la situación de Colombia es singular. Decenas de congresistas presos por el proceso 8.000 y por parapolítica. Las Auc diciendo que tienen dominado el 30% de la representación. Pérdidas de investidura a tutiplén. Es claro que los mansos argumentos de derecho comparado son apenas balbuceos. Vendrían nuevas sorpresas. De la inmunidad pasamos de sopetón al polo opuesto: que la Comisión de Acusación pudiera ordenar la captura de los funcionarios con fuero. El ominoso lema fue: “o todos en la cárcel, o todos en el suelo”. Este cambio súbito parecía el último estertor de esta extraña discusión. Y el tercer capítulo de esta novela de suspenso: Ya no basta la vieja inmunidad. Ahora se quiere que constitucionalmente se impida la detención cautelar de los aforados, los congresistas ente ellos. El conflicto de interés es evidente. Con lenguaje sindical los promotores de esta idea señalan que simplemente los congresistas están reclamando sus derechos.
El panorama ahora es que con esta artillería de propuestas descabelladas se está corriendo un gran riesgo de dar marcha atrás, en beneficio de una reforma a la justicia que es más bien una reforma del poder. Muy poco tienen que ver elucubraciones en la cumbre con el padecimiento de millones de personas que esperan una decisión judicial. En efecto, sólo la discutida iniciativa de combatir la congestión dándoles funciones judiciales a abogados, notarios, funcionarios judiciales y administrativos, está directamente ligada a las auténticas angustias de la gente. Por fortuna, el ministro Esguerra dijo que era consciente de este tema.
Ojo: Lo que sí no puede pasar es que la reforma se convierta en una herencia yacente donde cada quien va a sacar su hijuela. No puede suceder que el único efecto real de la reforma sea la total indemnidad de congresistas desafiantes y sofistas.