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Samuel no es el único

20 de agosto de 2011 - 08:00 p. m.

La gente se alarma porque el alcalde fue suspendido de su cargo. No faltan quienes dicen que nunca la urbe había visto algo así.

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Pues se equivocan de cabo a rabo. Por el contrario, cuando la ciudad apenas comenzaba a organizarse, muchos alcaldes, presidentes o virreyes no sólo fueron suspendidos, sino que terminaron en la cárcel o destituidos por el rey. No para aminorar la gravedad de los cargos aún no resueltos por la justicia, sino para señalar, el asunto no es nuevo.

En efecto, en 1580 el visitador Juan Bautista Monzón suspendió a Lope Díez Aux de Armendáriz y además se alzó con el puesto. Como si Alejandro Ordóñez terminara en la alcaldía. Impensable en estos días. Pero Monzón fue a su vez suspendido por el fiscal Orosco. Las malas lenguas, aunque no por malas débilmente informadas, sostienen que lo fue por una disputa “mujeril”. Este apellido debe tener problemas porque otro Monzón, Carlos, campeón interminable de boxeo, fue a dar a la cárcel por otra disputa mujeril: tiró a su amada por una ventana.

En 1582 Juan Prieto de Orellana suspendió a Orosco y quedó en su lugar. Pero terminó preso por orden del rey.

La lista no termina. En los siguientes años, Francisco de Sande fue suspendido por Andrés Salierna de Mariaca. Sancho de Girón lo fue por Bernardino del Prado Beltrán de Guevara, visitador. Dionisio Pérez Manrique fue conducido a prisión por orden del rey. Diego de Villalba y Toledo también fue suspendido. Y también, como en otros casos, el promotor de la suspensión terminó tomando posesión del cargo.

Lo cierto es que chanchullos y escándalos no faltaron. En efecto, en 1575 Francisco Anuncibay había hecho construir alcantarillas y mejorar el camino de Occidente para evitarle a su amada, la hija del señor de San Jorge, la incomodidad de embarcarse en una balsa desde Puente Aranda para ir al Novillero. El oidor Mesa fue degollado en la plaza por un verdugo que él mismo había contratado. Muchos empleos eran vendidos al mejor postor. Francisco de Meneses Bravo fue destituido por enriquecimiento ilícito. De él se dijo que “no hay empleo mayor ni menor que no se dé debajo de contribución, sin reparar los sujetos”. El ausentismo de los oidores era bíblico: Se decidió aplicarles una multa de cuatro reales por cada inasistencia y si fuere mayor la “contumación, que la justicia agrave la pena”. Y, como hoy mismo podría ocurrir, la candidatura de Camilo Torres fue impugnada por ser oriundo de Popayán.

En cambio, vea usted, en 1753, José Solís Folch de Cardona construyó el acueducto y el puente de Bosa, todo con dinero de su bolsillo. Lástima. Debió haber sido indefinidamente reelegido, pero entró a la orden de los franciscanos y se perdió para el mundo de la política.

Seguramente por todos estos antecedentes, en 1772 se posesionó Juan de Torrezal Díaz Pimienta. Fue tan espeluznante el empalme, que murió ocho días después.

Como se ve, no es mucho lo que hemos progresado. Salvo que Samuel, a diferencia de Mesa, no perderá su testa. Al menos por degüello. Digo yo.

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(Diccionario y Almanaque de Bogotá. Ignacio Borda y José María Lombana. Historia de Bogotá de Villegas Editores. Nueva Historia de Colombia de Planeta).

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