A BLANCA NIEVES MENECES LOS PAramilitares le desaparecieron sus cuatro hijas y le mataron a su esposo. Había llegado a La Dorada, Putumayo, escapando de la violencia.
Allí tuvo que padecer los abusos del Ejército y el arrasamiento paramilitar que la forzó a la huida. Después de que se anunciara la llamada desmovilización de las Auc, decidió regresar. Organizó a otras mujeres que tenían también a sus hijos desaparecidos. Con ellas localizó y desenterró cientos de cadáveres que estaban en fosas comunes. Entregó a la Fiscalía esos restos, y luego recibió amenazas de los paramilitares. Tuvo que desplazarse de nuevo con sus seis nietos y su hijo. No tiene trabajo, pero lucha cada día por sacarlos adelante. Hoy sigue exigiendo conocer la verdad de lo acontecido a sus hijas y esposo.
Por iniciativa de la Asociación Minga, e invitados por el Centro para la Política Internacional, esta semana, junto con Blanca y otros líderes de organizaciones sociales y de víctimas de Putumayo, visitamos Washington para entrevistarnos con congresistas y funcionarios del gobierno de EE.UU. Putumayo fue el departamento del país que se usó como el epicentro de la aplicación del Plan Colombia. Allí se gastaron millones de dólares en militarizar la región para erradicar los cultivos ilícitos y acabar con la guerrilla. Ninguno de esos objetivos se consiguió, pero en cambio la población civil ha sufrido una cadena interminable de ataques y crímenes.
El comienzo de esa situación se remonta al 2000; año en que el general Mario Montoya comandaba el Primer Batallón Antinarcóticos, que estaba cerca de Puerto Asís, y de la finca Villa Sandra, centro de exterminio de los grupos paramilitares. En Villa Garzón, uno de los lugares con mayor presencia de las unidades militares financiadas por el Plan Colombia, y donde funcionaba la base aérea de la que salían los aviones a fumigar las plantaciones de coca y los cultivos de subsistencia de los campesinos, era frecuente que los paramilitares mataran a plena luz del día. Se les veía a menudo bebiendo trago en las cantinas con militares y funcionarios locales. Los comandantes de las Auc, que fingieron desmovilizarse, siguen viviendo allí y continúan aterrorizando a la población.
Durante el período de la ayuda militar a Colombia, según la Fiscalía, 3.000 personas fueron desaparecidas en Putumayo. En los últimos años se denuncia que 150 más han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Todos los líderes del departamento son estigmatizados por su trabajo. Los miembros de la Fuerza Pública, los paramilitares y la guerrilla, los han declarado objetivo militar. Los cofanes, uno de los 18 pueblos indígenas en vías de extinción en Colombia, siguen resistiendo la invasión a sus territorios por parte de las compañías petroleras transnacionales.
En una audiencia pública, varios congresistas escucharon estos testimonios. Les informamos de cómo el gobierno del presidente Uribe y su bancada parlamentaria desfiguraron el proyecto de ley que creaba el Estatuto de Víctimas. También les hablamos de la cadena de ejecuciones extrajudiciales perpetrada por redes del Ejército Nacional, y acerca de que el ex general Mario Montoya será promovido a un cargo diplomático. Les pedimos que no aprueben el TLC, que el gobierno del presidente Barack Obama acabe con la ayuda militar a Colombia, y exija al gobierno del presidente Uribe resultados auténticos en materia de Derechos Humanos. No “falsos positivos”.