El único que parece estar preocupado por lo que pasó en Cali en disputa de la Copa Postobón, cuando los maleantes vestidos de rojo y verde se agredieron con cuchillos, navajas, botellas y toda clase de armas cortopunzantes, es el alcalde de la capital del Valle.
Al presidente de la Dimayor, el cada día más iracundo y furioso don Ramón Jesurún, no se le ha sentido hablando del tema, y a diferencia de lo que hizo hace más de un año cuando los hinchas de América, en un clásico, se agredieron entre ellos y descargaron una violencia impresionante, esta vez el titular de la Dimayor no convocó de urgencia a la Comisión de Disciplina y Castigo como sí lo hizo en aquella oportunidad. Actitudes diferentes para acciones similares, justicia selectiva, algo impropio de quien debe ser equilibrado en la toma de decisiones y debe actuar con el mismo rasero para todos los equipos.
Tampoco la televisión y el periodismo han tomado lo sucedido con la misma seriedad. Las imágenes las repitieron tan sólo dos días cuando en otras oportunidades se la pasan mostrando lo mismo durante una semana. Parece que si las escenas de violencia no van en directo por la tele a la misma hora, no tuvieran el mismo valor. Lo de Cali fue gravísimo, lo peor que se ha visto en muchos años, de una violencia inusitada y debería tener un castigo ejemplar.
En Brasil acaban de aprobar una edificante ley que permite a los jueces enviar de uno a dos años a la cárcel a los hinchas violentos que se agredan, invadan el espacio destinado a los deportistas, porten armas, interrumpan espectáculos deportivos. Y lo mejor es que la sanción en Brasil amplía el radio de acción y no lo limita al estadio, amplía el castigo para quien cometa ese tipo de acciones en un margen de cinco kilómetros.
Tan sólo el alcalde de Cali parece decidido a que en su ciudad, en la que lo eligieron para preservar la paz y la seguridad, los delincuentes, maleantes y hampones vestidos con camisetas de los equipos de fútbol, no sigan disfrutando de unos pedazos de cemento que se han apropiado como si fueran de ellos, de esas barras bravas. Acabarles esos reductos tiene que ser una meta de los gobernantes. Terminar esos espacios públicos donde la valentía que da sentirse en patota, impide inclusive la llegada de la fuerza pública.
Mientras eso sucede con el de Cali, el de Bogotá los disculpa, les da palmaditas en la espalda a los reconocidos jefes de esas bandas delincuenciales y termina comiendo heladito y pidiéndoles a los muchachos que se porten bien.
Esa es la diferencia entre un alcalde serio y otro que todavía no parece haberse posesionado.