La retórica de la democracia es tan importante para los colombianos que el partido de gobierno —de reconocida ideología de derecha— se llama Centro Democrático. Esa perspectiva de Estado sofisticado, en el que la legitimidad de sus instituciones se representa con un cóndor y una cinta amarilla que dice “libertad y orden”, evidencia un discurso moderno y equilibrado.
Pese a que no había cese del fuego entre el Gobierno y el Eln, el atentado contra la Escuela General Santander llega con una tarjeta de invitación a asistir a una fiesta de sangre. Contradictoriamente, en el comunicado, el grupo guerrillero insiste en su interés por mantener los diálogos de paz, pero es evidente que su violenta actuación le resulta una fácil provocación para quienes se lucran y aumentan réditos con la guerra. Con una guerrilla que no se termina de comprender y que parece demostrar unas enormes fracturas en su interior, llevar a cabo un proceso de paz requiere un pulso milimétrico y las más altas dosis de sensatez y sabiduría.
Una vez explota el carro bomba y las cifras de muertos comienzan a contarse, el país consternado se indigna y muchos, no todos, solicitan la guerra como única opción para responder a la violencia. La postura del Gobierno se sabía por anticipado, pues incluso en esta crisis han dicho que ellos jamás se habían sentado a la mesa de negociación y que por eso no están llamados a respetar nada de lo acordado. Tamaño favor le hace el Eln a quien su vida política cobra sentido cuando manda a muchachos pobres a campos de batalla. Tamaño caos está por venir si ante la barbarie se responde con barbarie, porque es abandonar los principios que sostienen la retórica de Estado moderno, democrático, de orden constitucional y respeto por las libertades.
El Gobierno colombiano no es un grupo al margen de la ley y bajo ninguna circunstancia se le puede exigir —o justificar— que actúe como un bárbaro cobrando venganza. Es, justamente, ante crisis como estas que mayor altura moral debería mostrar un Estado, mayor conciencia de la responsabilidad histórica que le asiste y cuando más debería apegarse a los protocolos.
El atentado del Eln, más allá de sugerir todos los juicios morales y jurídicos posibles por las vidas que se llevó por delante, es una actuación cobarde contra los movimientos sociales, quienes serán los que pondrán el pecho ante la estigmatización y los señalamientos de la lucha contrainsurgente. Ya lo ha demostrado la historia: aquí se les han pasado unas injustas facturas a los movimientos sociales.
El presidente Duque tiene la obligación de actuar como un estadista y no como un muchacho de bachillerato dispuesto a un enfrentamientos a puños, mientras los otros compañeritos cantan en coro “pelea, pelea, pelea”. Otra manera de subir su popularidad tendrá que buscar si algo de sensatez le queda; otra forma que no sea llevando este país a la desgracia. Tendrá que preguntarse si quiere ser recordado como el presidente que devolvió al país a la guerra o si puede —quizá— reinventarse dentro de los valores más exigentes de la legitimidad democrática. Uno de los dos caminos producirá más sufrimiento y muerte; de eso también hay que hacerse responsable.