Mientras niños y niñas comen alimentos podridos en comedores escolares del país, el máximo representante de la Procuraduría concentra su preocupación en las manifestaciones afectivas de los jóvenes dentro de las instituciones educativas.
Al procurador parece preocuparle mucho más que los adolescentes se acaricien entre ellos, a que sean manoseados por los bandas criminales que dejó como herencia el paramilitarismo y que hoy utilizan a los niños en las operaciones de tráfico de drogas en los barrios.
Su despacho gastó 52 páginas de tinta en condenar a un joven muerto, cuyo máximo delito fue darse besos con otro de su misma edad. En el perverso texto, dirigido a la Corte Constitucional, la Procuraduría establece una defensa insólita del colegio Gimnasio Castillo Campestre quien enfrenta un proceso por la discriminación que llevó al suicidio a Sergio Urrego.
En el penoso documento la Procuraduría se esmera en argumentar que no es procedente la tutela en el caso de Sergio, porque, palabras más palabras menos, no hay un derecho fundamental que custodiarle a un muerto. No le da vergüenza al procurador semejante retórica tan similar a aquel adagio que dice “muerto el perro acabada la rabia”.
Dice Ordoñez: “Pero, toda vez que el referido joven ha fallecido, resulta trascendente resolver si es posible solicitar el amparo de los derechos de un difunto, cuyo deceso se destaca que ocurrió incluso con anterioridad a la interposición de la acción”, de modo que le solicita a la Corte Constitucional que se abstenga de tomar una decisión de fondo por “inexistencia de los derechos fundamentales a proteger o por sustracción de materia”. Según el procurador general de la Nación, muerto Sergio no hay nada que protegerle.
No se vislumbran en sus palabras un mínimo de respeto por la vida del joven, ni siquiera un mínimo de indulgencia propia de los ideales católicos que bien defiende en el mismo texto. Es más, se atreve a afirmar que el suicidio del Sergio Urrego se deriva exclusivamente de su homosexualidad. Como si la orientación sexual explicara la muerte. Lo señala una vez más de “anarquista” y recuerda que el joven tenía cuentas electrónicas con contenidos sexualmente explícitos, como si lo anterior sirviera de indulto al trato discriminatorio que recibió y que lo llevó al suicidio.
Sin embargo, saca sus garras más sarcásticas para solicitar que no se instrumentalice la tragedia de Sergio para tomar decisiones en políticas públicas de carácter general. Le pide eso sí a la Corte —casi que le suplica— que garantice el derecho a la presunción de inocencia del colegio.
Ya que está tan preocupado por el recato, debería preocuparse por guardar él la compostura en estos casos. Sobre su acostumbrado cinismo y sobre su feroz lucha contra los derechos y libertades, este documento lo deja casi tan en evidencia como aquel godorrio texto en el que habló sobre el “libre desarrollo de la animalidad”. Su extremista postura, su radicalidad, su anacronismo, sin embargo, sería fútil si no supiéramos que semejante espectáculo camandulero lo hace pagado por los impuestos de todos. Es un funcionario público haciendo un show de payaso de circo, vestido de inquisidor, delirante, atacando con furia a aquellos que incluso ya están muertos.