AQUÍ, DESDE HACE RATO, LA POLÍTICA se urde con los muertos.
Todavía humeaban los cuerpos de los 16 policías y los restos del helicóptero Black Hawk sobre una zona boscosa del Urabá, y ya el uribismo, en pleno, se volcaba a los medios de comunicación y a las redes sociales, a denunciar el hecho como un atentado terrorista de las Farc. Tampoco habían sido rescatado los dos sobrevivientes de la tragedia cuando el Gobierno corría a dejar claro que el siniestro no era el resultado de un ataque guerrillero, y que todo parecía indicar que había sido producto de las adversas condiciones climatológicas de la zona.
Lo cierto es que detrás de este afán de posicionar una versión de lo sucedido, lo que menos importaban eran los muertos. Mejor dicho, sí importaban, pero sólo en la medida en que representaban una herramienta efectiva para defender posiciones políticas. Para Uribe y su séquito, sabuesos adiestrados para olfatear la tragedia, los cadáveres de los 16 policías eran sólo eso, una evidencia contundente del fracaso del proceso de paz. Para el gobierno de Santos, se trataba de demostrar —en esta nueva fase del conflicto y ante las posibilidades de un cese al fuego bilateral y la construcción de credibilidad política—, que estos muertos no eran de las Farc.
En ese momento no pensaron en las familias. Para las madres, esposas, padres, hijos, hijas, de los 16 policías, el dolor ya estaba instalado, y ante su presencia avasallante, ninguno de ellos tenía las fuerzas suficientes para discernir sobre las causas de la tragedia. Sutilezas difíciles de procesar en medio de la desgracia. Para muchos, los muertos duelen menos cuando no son las Farc quienes los matan. Uno puede hasta imaginárselos rogándole a la providencia para que todos los cadáveres que aparezcan en el país sean producto de los ataques de este grupo guerrillero para fortalecer sus tesis políticas.
Uribe se apuró a contar los cuerpos, sólo para agregarle otra cifra más al número de argumentos de su campaña opositora. Seguramente, él y su grupo tomarán atenta nota de las desgarradoras muestras de dolor en los funerales de los policías, para convertirlas en propaganda publicitaria de sus mezquinos intereses políticos. Entre eso, y la perversa costumbre de los narcos mexicanos de asesinar inocentes, muchos de ellos inmigrantes centroamericanos, y regar sus cadáveres en algunas zonas del país para perturbar y generar terror, no hay mucha diferencia. En ambos casos los muertos se usan para desestabilizar, para ganar votos, para justificar otras barbaries.
Algunos han sido malvadamente hábiles para utilizar los muertos. Hasta hace poco, miembros de las fuerzas militares usaban cadáveres de personas inocentes disfrazadas de guerrilleros para obtener ascensos, sumarle unos pesos a sus sueldos y recibir permisos. Mientras la gente disfrutaba de volver a sus fincas y viajar por carretera, uno de los máximos logros de la seguridad democrática, pocos imaginaban que los senderos de la patria que la nueva política permitía disfrutar estaban llenos de fosas comunes, con cientos de cadáveres que aún hoy no hemos acabado de desenterrar. Caminábamos tranquilos por unos terrenos abonados con muertos.
Quizá la máxima aspiración para apostarle al fin de la guerra es la posibilidad de acabar, de una vez por todas, con una política carroñera, necrófila, caníbal, practicada por una clase política que nunca pone los muertos, pero se alimenta de ellos.