El muro de Berlín se vendía por pedacitos.
Un estadounidense, de origen nipón, publicaba un libro en el que anunciaba el fin de la historia y que todo el mundo citaba, alababa o criticaba —sin haberlo leído—; algunos comenzábamos nuestras carreras universitarias aferrados a la fotocopiadora de la esquina y al dealer que pirateaba libros; en las universidades los modernos y los posmodernos se enfrentaban en discusiones académicas como si fueran barras bravas; ya Andrés Pastrana se había metido en el bolsillo a la juventud bogotana con su rockera plataforma de gobierno; Pambelé, su viejo compañero de andanzas, no se regeneraba a pesar de los ruegos de sus paisanos a San Basilio; el Internet todavía era cosa de nigromantes, pero la frase del excampeón de boxeo, “es mejor ser rico que pobre”, se había convertido en un axioma de antología; en Chiapas, Emiliano Zapata se preparaba para reencarnar en Marcos, un guerrillero romántico de pasamontaña que cautivaría al mundo intelectual a punta de bocanadas de humo y palabras; y el historiador Eric Hobsbawm nos decía que, con los azarosos cambios de finales de los 80 y comienzos de los 90, no había que esperar otra década para decretar el cambio de época. El corto siglo XX había terminado.
El mundo parecía reinventarse. Se estrenaban agendas y se desempolvaban las aplazadas. Esperanzado, el país asumió el reto de cambiar la Constitución para estar a tono con los nuevos tiempos. La que teníamos, salvo algunas reformas, seguía siendo la que se había proclamado el 5 de agosto de 1886, la misma que invocaba a un corazón sangrante para que protegiera a la nación. Nuestra carta de navegación se quedaba corta y no cubría los destinos a donde los ciudadanos que tripulábamos la embarcación pretendíamos llegar. Entonces hubo séptima papeleta en las elecciones, y se instaló la Asamblea Nacional Constituyente que parió, el 4 de julio de 1991, luego de cinco meses de trabajo, una nueva Constitución.
A la criatura había que protegerla. Se encargó a la Procuraduría General de la Nación vigilar para que se cumpliera su mandato, las leyes, y las decisiones judiciales y administrativas. La Procuraduría debía, con el auxilio del defensor del Pueblo, proteger los derechos humanos y defender los intereses colectivos de la sociedad. En días pasados la criatura cumplió 25 años. Desde hace ocho su cuidado está en manos del procurador Alejandro Ordóñez. La historia todos la saben. Ordóñez encarna el espíritu de códigos y camándulas de la Constitución de 1886 que pensábamos superado con la de 1991. Parece que ejerciera las funciones de su cargo con un rosario en una mano y una Biblia amañada en la otra, mientras la Constitución permanece engavetada en su escritorio.
Con Ordóñez como su protector, la Constitución de 1991 cumplió sus bodas de plata. Vaya paradoja. Es como si a una joven de 25 años le organizara la fiesta de cumpleaños su propio violador. Como si tu peor enemigo te cantara el “cumpleaños feliz” para convertirlo en una tonada macabra. Apague las velas de prisa y váyase, pronto. Y por favor, deje las llaves al salir, tal vez sea necesario cambiar las cerraduras para que no vuelvan a entrar los de su condición.