Ha circulado profusamente por las redes sociales un video en el que una mujer somete a un joven con palabras y golpes en una calle de un barrio de Bogotá. Todo parece indicar que el chico intentó robarle el bolso o su teléfono celular, pero tuvo la mala fortuna de meterse, según las mismas palabras de esta suerte de vengadora anónima, con la persona equivocada.
Alentada por un público que graba y celebra, como se acostumbra en estos tiempos, la mujer se regodea en su furia, y descarga, sobre el joven suplicante, una andanada de cabezazos, patadas, cachetadas, jalones de pelo y cocotazos. Mientras golpea, suelta una seguidilla de expresiones insultantes, de las que gonorrea parece ser la palabra menos procaz.
“Agradezca que no vengo enfierrada”, dice en algún momento, y ordena a quien graba para que filme la cara del adolescente mientras ella se encarga de levantarle la cabeza al joven arrodillado, suspendiéndolo por el cabello. ¿Qué hubiera pasado si lleva el arma de fuego que al parecer porta con frecuencia? ¿Lo asesinaría delante de todos? ¿Pediría con la misma celeridad que grabaran la ejecución? ¿Saldría presurosa a colgarla en la red?
Alguien del público dice tímidamente que llamen a la Policía. Pero en realidad la mayoría calla o celebra. Suena la alarma del barrio. En ese momento la autoridad es ella. Una especie de amazona criolla que impone su ley a un ser humano desarmado y sometido, ante un público complaciente, convocado por el morbo del espectáculo. Ella misma somete, decreta y ejecuta el castigo. Lo fuerza a despojarse de la ropa, amenazándolo con cortarle la cara con una navaja que pide prestada o haciendo que los presentes le peguen. Cuando el chico está completamente desnudo recibe una nueva serie de golpes, que lo obligan a correr lloroso y humillado por las calles del barrio en busca de un lugar donde refugiarse. Quizá, la sacó barata. En los tiempos que vivimos, fácilmente pudo ser linchado.
Nada más peligroso y contradictorio en un país que pretende hablar de paz y reconciliación que la celebración de estas muestras de justicia por propia mano. Detrás de estas prácticas justicieras violentas y mediáticas se canalizan una serie de frustraciones sociales. Nadie sensato dudaría de los graves problemas de seguridad pública que afronta el país; las cifras de hurtos son alarmantes, pero es mucho más peligroso incitar a que los ciudadanos se conviertan en una turba con la capacidad moral para improvisar tribunales y juzgar a su modo a los presuntos delincuentes. Se nos olvida que todavía seguimos viviendo las consecuencias de los desmanes y los excesos de poder de aquellos grupos que comenzaron su macabra rutina de violencia ajusticiando ladrones, adictos, homosexuales y prostitutas.
No necesitamos justicieros, necesitamos ciudadanos. Cada vez más el país se convierte en una marea de rezanderos sin remedio, sin criterios para cuestionar el poder, que se cruza de brazos y ve como cosa natural la corrupción de funcionarios y políticos, que mira hacia otro lado ante los justos reclamos de los movimientos sociales, pero se enceguece de ira y desata toda su furia ante un ladrón de barrio.
Hablemos claro. Lo que hizo esta mujer no es un acto de justicia, eso, sin eufemismos, es un acto de tortura.