El 11 de octubre de 2007 la familia de Julio Henríquez Santamaría acompañaba en una diligencia de exhumación a la Unidad de Justicia y Paz. Buscaban ellos a su padre, desaparecido desde el 4 de febrero de 2001. Aquel día, Julio fue secuestrado por un grupo de paramilitares bajo las órdenes de Hernán Giraldo Serna.
Lo asesinaron horas después. El pecado de Henríquez, nacido en Cereté, Córdoba, fue desafiar el terror paramilitar de la zona con un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos y de reforestación en la vereda Calabazo, en el Magdalena. Finalmente, la diligencia fue exitosa, se recuperaron los restos de Julio, y un mes después, el 15 de diciembre, su familia pudo con dignidad enterrarlo en el Cementerio San Miguel de Santa Marta. Fue el final de un camino largo de más de 6 años de búsqueda de la verdad. Nadiezhda, hija mayor de Julio, recuerda el día en que la Defensora del pueblo de Santa Marta, Lisbeth Peñaranda, les pasó un mensaje de Giraldo Serna: no pregunten más por su papá, dejen eso así. Si siguen preguntando, les va a pasar lo mismo que le pasó a él.
Todo eso cambió en el 2003. El 15 de julio el gobierno de Álvaro Uribe Vélez firma con los paramilitares el acuerdo de Santa Fe de Ralito. Y cuatro meses después empieza la desmovilización de los 31.671 integrantes de los grupos irregulares. El paramilitar Giraldo Serna, también conocido como El Taladro por su costumbre de violar niñas menores de edad, se entregó en febrero de 2006, junto con sus 1.167 hombres. Es por esta razón que la familia Henríquez solo logra recuperar hasta 2007 los restos de Julio, porque Giraldo Serna no había dado autorización para que les entregaran las coordenadas. La verdad sobre el paradero del cadáver de Julio, así como las razones por las que lo asesinaron, llegaron en una audiencia de Justicia y Paz. Por algunos años, los líderes paramilitares sí ofrecieron una cuota de verdad y reparación a las víctimas. Nadiezhda puede dar testimonio de ello.
Pero, ¿qué pasa con otras miles de familias que siguen esperando conocer el paradero de los suyos, entender por qué los mataron, dónde, y luego poder enterrar a sus muertos a su manera, como ellos quieren, sin que nadie se los impida? Giraldo Serna, por poner un solo ejemplo, está acusado de dejar 67 mil víctimas en la Sierra Nevada y sus alrededores. La familia Henríquez, porque tuvo suerte, porque lucho y logró hacerse oír, obtuvo una cuota de verdad. ¿Y los otros miles? Todo eso, lo sabe bien Nadiezhda, se esfumó la madrugada del 13 de mayo del 2008. El gobierno Uribe, de afán y en silencio, extraditó a 14 jefes paramilitares, entre ellos Giraldo Serna, a Estados Unidos. Ya no hubo más audiencias de Justicia y Paz, más compromiso con la verdad y la reparación, más diligencias exitosas de exhumación.
Cuando pregunto a Nadiezhda si los jefes paramilitares, una vez cumplida sentencia en Estados Unidos volverán a Colombia a reparar a sus miles y miles de víctimas, me dice “esa es una falacia, ellos no van a regresar a una condena en Colombia. Estos señores nunca fueron excluidos de Justicia y Paz, a pesar de que el argumento de Uribe para extraditarlos era que seguían delinquiendo. Su condena máxima sigue siendo de 8 años. Así que si vuelven, ya no hay nada que los comprometa con la verdad”. Curioso. De manera que los 14 paramilitares extraditados, a pesar de haber incumplido con el acuerdo de Justicia y Paz, ¿seguirán recibiendo los beneficios del acuerdo si regresan al país? En este punto la única pregunta que sigue siendo válida es esta: ¿por qué, Senador Uribe, si Justicia y Paz estaba funcionando, si algunos líderes paramilitares estaban contando la verdad, reconociendo sus crímenes, ayudando a las víctimas a sanar sus heridas, usted decidió extraditarlos? ¿No servían más acá, en Colombia, curando heridas de la guerra, que allá en Estados Unidos en silencio y sin compromiso ninguno con las víctimas colombianas?
Ahora que en Colombia se discute el acuerdo de paz con las Farc, y que muchos piden cárcel efectiva para los máximos cabecillas de esa organización, tan asesina y macabra como la paramilitar, merece la pena preguntar qué vale más en términos de justicia para las víctimas: ¿una cárcel en Estados Unidos en la que nunca más dirán nada a las miles de familias que esperan una respuesta? ¿O un tribunal en Colombia que los obligue a contar lo que saben, a confesar lo que han hecho, a riesgo de perder el beneficio de la justicia transicional? Sabemos hace rato que la definición de justicia va mucho más allá de un espacio con barrotes y un overol a rayas.
Nota: el próximo 12 de octubre será el juicio contra Giraldo Serna en una corte en Estados Unidos. Por primera vez en la historia de ese país, la familia Henríquez podrá declarar en un caso por narcotráfico. Representarán a miles de víctimas en Colombia que se quedaron esperando la verdad: qué pasó con sus familiares, dónde están sus restos, por qué los mataron.