El sábado 20 de febrero el señor Jorge Enrique Cortés Rojas visitó el humedal Jaboque, en el occidente de Bogotá.
No es un visitante cualquiera. Cortés Rojas pretende que la ciudad le pague una millonaria suma por un predio que está dentro del humedal y que, según él, es de su propiedad. La historia comienza en el 2001, cuando el Consejo de Estado ordenó al Distrito comprar los predios necesarios para proteger el humedal Jaboque, en la localidad de Engativa. Justo después de aquella decisión, apareció por primera vez el nombre de Cortés Rojas en las oficinas de la Empresa de Acueducto de Bogotá, encargada de proteger el humedal.
Cortés Rojas interpuso una acción de reparación directa que luego, en 2014, fue fallada a su favor por un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca: Carlos Alberto Vargas Bautista, quien condenó a la EAAB a pagarle a Cortés 64.000 millones de pesos por perjuicios materiales. En aquella visita del sábado 20, Cortés prometió más demandas contra el Distrito, además de insistir en que ese predio sí es suyo y que la plata de los bogotanos debe repararlo. La pregunta es entonces una sola: ¿es el señor Cortés Rojas el legítimo dueño de ese terreno?
Vamos atrás. En 1957 la junta militar de Rojas Pinilla expropia el predio “Hacienda La Florida” para hacer un bosque o un parque. Dentro de la hacienda estaba lo que hoy conocemos como el humedal Jaboque. Luego, en 1961, aquel predio queda escriturado a nombre del Distrito Capital. Años después, un señor de nombre Álvaro Rojas Barbosa presenta una posesión del predio “La Providencia”, pero en ese documento no se especifica dónde exactamente queda el terreno, lo único que dice es que queda en el municipio de Engativa y que colinda con el rio Bogotá. En otras palabras, no hay claridad sobre la ubicación precisa del predio. En 1996 Rojas Barbosa contrata a un ingeniero civil para que señalara la ubicación de “La Providencia”, con tan mala suerte para los bogotanos, que el ingeniero lo ubica dentro de los predios del humedal Jaboque, propiedad del Distrito.
Ese documento, sin ningún valor jurídico, es presentado por Rojas Barbosa en la Superintendencia de Notariado y Registro, que lo acepta y reconoce como escritura pública sin cuestionar nada. ¿No debió ser la oficina de la Unidad Administrativa de Catastro la que estableciera los lindero del predio “La Providencia”? ¿Por qué la Superintendencia aceptó como prueba un estudio que hizo un particular contratado por el interesado en el predio? Como lo dijo la revista Semana en un artículo en 2014, la Notaría 29 de Bogotá aceptó esta aclaración de linderos sin contar con la resolución o certificado de la oficina de Catastro. Extraño.
Pero la historia no para acá. Y de nuevo hay que mencionar a Jorge Enrique Cortés Rojas, que dice haber comprado en el 2001 el predio “La Providencia” a Álvaro Rojas Barbosa por 60 millones de pesos. Pero Rojas Barbosa, según supo la revista Semana, denunció en la Fiscalía a Jorge Enrique Cortés por estafa y falsedad en documento público “porque no conoce a esa persona, nunca la he visto… A nadie le he vendido dizque por 60 millones cuando el valor comercial era de 25.000 millones de pesos”.
Entonces, a ver si entendemos: el señor Rojas Barbosa engañó al Distrito contratando a un ingeniero que dijo que su lote La Providencia quedaba justo en el humedal Jaboque, de propiedad pública. La notaría 29 de Bogotá y la Superintendencia le aceptaron la trampa. Pero al señor Rojas también lo engañaron, el señor Jorge Enrique Cortés Rojas, que dice haberle comprado ese predio por 60 millones de pesos, a pesar de que Rojas Barbosa dice no conocerlo ni haberle vendido nada.
En el 2014 Blanca Inés Durán, directora para ese momento del Departamento Administrativo de la Defensa del Espacio Público (DADEP), denunció a Cortés Rojas por falsedad en la escritura con la cual pretende recibir los 64.000 millones de pesos. Durán le dijo a RCN Radio que “hay una denuncia en la Fiscalía contra el particular que dice ser dueño del predio por fraude procesal y de falsificación de documentos“. Y es que para Durán las escrituras presentadas por Cortés Rojas son falsas, porque hay “pruebas documentales que tiene el distrito sobre las escrituras originales, de los mapas, de dónde está ubicado, de los linderos. Hay todas las pruebas para demostrar que el Distrito ha sido el dueño de este predio desde 1957“.
El Distrito apeló la decisión del Consejo de Estado en este complicado caso. Esperemos que la justicia falle a favor de la ciudad. Y que no se pierdan 64.000 millones de pesos en pagarle a un tramposo que quiere que la ciudad con la plata de los bogotanos, le compre un predio que ya le pertenece desde hace más de 55 años.