Umberto Eco, en su libro Viajar con un salmón y otros ensayos, hace gala de su humor negro. En uno de los artículos, Cómo es de fácil ser banal, narra que, cansado de oír el chiste de quienes le preguntaban en un evento “¿usted repite?”, contestaba “claro, por eso me puse este apellido”.
También cuenta que cuando alguien visitaba su casa e indagaba si había leído todos los libros, le respondía “¡¡¡NO!!!, los que leí ya los quemé; estos ni siquiera los he empezado a ojear”.
En Colombia banalizamos lo que debería ser importante. La salud del vicepresidente es un tema de interés público, dada la responsabilidad política de su cargo. Por supuesto, si se tratara de un ciudadano que no tuviera la opción de reemplazar al jefe del Ejecutivo, su enfermedad sería del ámbito privado. Dejar la solución en manos del Señor de los Milagros de Buga, y el diagnóstico en una visita de cortesía del Congreso no puede ser la respuesta.
Cuando a Mitterrand le diagnosticaron cáncer prostático, información que se hizo pública, algunas voces pidieron su retiro de la presidencia; ante ello, el mandatario respondió: “Ni pienso, ni gobierno con esa glándula”. No puede aplicarse lo mismo a los accidentes cerebrovasculares.
Nos alegramos de la recuperación del vicepresidente, pero el país tiene el derecho a conocer la evolución de su salud. En igual sentido, en particular quienes vivimos en Bogotá, reclamamos saber los efectos del golpe en la cabeza que sufrió nuestro alcalde. En este caso, las teorías conspirativas sobre cómo sucedió la contusión banalizan un problema político.
En una ciudad con situaciones de inseguridad como Medellín, no debería ser la prioridad de la policía perseguir a vendedores de álbumes de monas de Escobar.
Se pasa de la emoción a la preocupación en un abrir y cerrar de ojos. Así es, por ejemplo, cuando el comandante general de las Fuerzas Armadas pide en nombre de la institución perdón por los delitos en que incurrieron algunos de sus hombres al asesinar inocentes y presentarlos como guerrilleros muertos en combate. A renglón seguido exhorta al Congreso a tramitar el fuero militar para proteger a sus hombres de procesos de la justicia civil. Aunque se trate de evitar el mal pensamiento, surge la inquietud: si los juicios se hubieran desarrollado al interior de los cuarteles, ¿sabríamos la verdad? El expresidente Uribe, tan celoso de la defensa del accionar del Ejército, se vio obligado a exigir que la matanza de un grupo del cuerpo élite de la Policía por un batallón del Ejército, ocurrida en Jamundí, saliera de la justicia castrense y la asumiera la civil. Un acto de la mayor solemnidad y carga emocional como la reparación a las víctimas no puede ser banalizado, solicitando un fuero que actúe como un manto de protección que al final llegue a ser entendido como una forma de ocultar los hechos.
Hemos banalizado la Constitución. No sólo se piden reformas para reconciliar a presidente y expresidente, sino que se realizan para otorgar fuero a un secretario del Congreso. Los que consideran que sólo su caudillo será capaz de gobernar al país promueven una nueva reforma para permitirle otra reelección.
Después de casi un año de que la administración distrital buscara tapar el hueco de la carrera 11 se promocionan pruebas de resistencia como preámbulos de la magnífica inauguración que nos llenará de orgullo por la eficiente diligencia de nuestros gobernantes.