DOS PENSADORES; UNO REAL, PAMbelé, y el otro mítico, Perogrullo, afirmarían, refiriéndose a la prestación de servicios públicos, que lo mejor es tener total cobertura y excelente calidad. En la vida real el ritmo de avance en ambos objetivos no es necesariamente igual.
Un ejemplo es la historia de los servicios públicos en Colombia. En los últimos 40 años la cobertura se ha expandido, llegando en las grandes ciudades a coberturas casi totales en energía y acueducto. Inicialmente la calidad no era la prioridad. Se aceptaban bajos niveles, con tal de tener algún tipo de servicio; pasar de la vela a la bombilla así ésta titilara era un avance, no tener que comprar agua a quienes la vendían por canecas era una mejora. Lograda la cobertura; la sociedad reclama estándares de calidad: el servicio eléctrico no puede interrumpirse, el agua debe ser potable, el sistema de alcantarillado debe ser higiénico y confiable.
La población rural no cuenta con cobertura ni calidad aceptable. En muchos sitios no hay servicios públicos; puede plantearse la pregunta ¿se debe esperar para prestarlos a que se puedan garantizar los mismos niveles de calidad que en Bogotá o Medellín? ¿O iniciar con menores niveles de calidad e ir mejorándola?
En el sector salud, a pesar de las críticas al esquema de la Ley 100, es indudable que la cobertura ha crecido significativamente. Hoy uno de los “bienes” más apreciados por las familias de bajos recursos es un carné del Sisbén, que le garantiza los mínimos niveles de atención en salud, con la calidad precaria.
Una de las principales restricciones a la cobertura y calidad es el costo. El sector de salud representa cerca del 7% del Producto Bruto Interno (PIB) en Colombia, la parte desfinanciada es de casi la mitad de la anterior cifra. En los países desarrollados, representa entre el 10 y el 12% del PIB, y el ingreso por habitante es 10 veces mayor que el de Colombia, lo que implica un gasto por habitantes en salud 15 veces mayor que el colombiano. No necesariamente hay una relación directa entre el gasto y el nivel de salud; en Estados Unidos se destina el 15% del PIB a la salud, la cobertura no es completa, y los indicadores muestran un rezago en relación con los otros países desarrollados.
Como la limitación económica y fiscal en nuestro país es una realidad, los esfuerzos deben encaminarse a mejorar en la medicina preventiva, a la reducción de costos de los tratamientos, a revisar los compromisos otorgados que limitan el acceso a los medicamentos genéricos, y por supuesto a evitar la corrupción y rescatar para la sociedad los servicios que, en muchos casos, se entregaron a quienes con la fuerza de las armas eligieron autoridades.
La cobertura en educación básica en el sector urbano es casi total, la prioridad se centra en la calidad, la cual debe buscarse independiente del nivel económico de los alumnos. Cobra actualidad el planteamiento de Bernardo Toro, cuando dice que para una sociedad es inaceptable que se ofrezcan dos calidades de agua en una misma ciudad, una buena para los ricos y la mala para los pobres, así tampoco deben aceptar niveles de educación que discriminen y perpetúen la iniquidad. ¿Cuál debería ser la política para ofrecer educación superior a una población aislada? ¿Exigir calidad del mismo estándar que las mejores universidades y posponer el servicio, o iniciarla con menores requerimientos? La tecnología de educación virtual contribuye a resolver esta dicotomía.
* Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano