La caída en los precios de los combustibles presenta oportunidades para que los países inicien o intensifiquen políticas para racionalizar el uso de los hidrocarburos.
Casi todos los analistas coinciden en la necesidad de moderar el uso de los productos generadores de gases de invernadero, como la gasolina y el ACPM. Además de las emisiones de anhídrido carbónico, el uso de vehículos genera costos externos a la sociedad, contaminación y el uso de costosa infraestructura. Esto lleva a pensar en la conveniencia de no transferir la reducción de precio externo al precio al público y captar este diferencial para compensar los costos ambientales.
En el caso de Bogotá, ante la ineficacia de las autoridades para construir y operar sistemas de transporte colectivo y mejorar las vías, la política que se adopta es restringir el uso del vehículo particular, como si quien lo usa lo hiciera por gusto y no por necesidad. Hace pocos días, el alcalde dio una declaración que dejó estupefacto a más de uno: dijo que la solución a la movilidad y la disminución de la congestión se lograría si se usaran menos los vehículos. Esta declaración es tan original como la propuesta para evitar el robo de los celulares: que no se usen en las calles. Estas ingeniosas políticas se parecen a las que dicen que para combatir el desempleo lo mejor es crear empleo. Por otra parte, si el sistema de Transmilenio está casi colapsado por un exceso de pasajeros, puede preguntarse qué pasa si no se usan los vehículos y se aumenta la demanda en este saturado transporte colectivo.
Más sensatas son las políticas que usan señales de precios para orientar el uso de los diferentes modos de transporte; el precio de los combustibles es una de ellas. A la vez que se advierte la necesidad de reducir la contaminación y los gases de invernadero, se protesta porque la reducción de los precios internacionales del crudo no se han reflejado en el precio al público. Si se quiere racionalizar el consumo y disminuir los subsidios, una política más apropiada es ajustar los impuestos al combustible y que en esta forma el precio al público no se reduzca significativamente. Mejor que medidas punitivas, que reflejan incapacidades administrativas, es ir ajustando los precios del combustible para que los usuarios paguen los costos sociales del uso del vehículo.
En buena y última hora, el Gobierno Nacional introdujo el artículo 69 de la pasada reforma tributaria, una norma que permite capitalizar el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, captando la casi totalidad del diferencial de precios internacionales y los de referencia.
Creó una contribución parafiscal al combustible gravando, con una tarifa del 100%, la diferencia de la reducción del precio externo.
Se empezaran a oír las protestas de los transportadores de carga. Es mejor para la sociedad que las tarifas reflejen los precios que volver a la época de los subsidios indiscriminados. El transporte de carga también genera externalidades de impacto social negativo. Colombia parece ser el único país que controla los fletes impidiendo que éstos bajen. Generalmente, los gobiernos buscan que las tarifas no suban por encima de la razonable; aquí es al revés, la mayor oferta y las mejoras en productividad no se traducen en una racionalidad tarifaria porque existen tablas de tarifas que les ponen un piso. El mundo al revés.