Contrasta la posición de los expresidentes Gaviria y Samper sobre la crisis con Venezuela.
Gaviria, con lucidez e indignado, le notifica a Maduro el repudio de los colombianos a sus violaciones a los derechos humanos. Respalda la política diplomática del presidente Santos y afirma que él no tiene que ser sutil al manifestar la indignación por los atropellos a las familias colombianas. La actitud de Samper es vergonzosa, más parecida a la de un empleado de Maduro que la de un ejecutivo de una organización de Estados. El respaldo inicial a las declaraciones del presidente de Venezuela diciendo que en las familias expulsadas estaban paramilitares colombianos no tiene excusa y sus declaraciones posteriores no convencen. Cómo no recordar el “¡aquí estoy y aquí me quedo!”. Más que como estadista, parecía un empleado en pos de la estabilidad laboral.
Es casi imposible que, en una economía en la cual el diferencial cambiario entre el dólar oficial racionado y el dólar libre supere un cierto umbral, no se genere todo tipo de conductas ilegales: corrupción y contrabando. En Colombia, cuando existía el régimen de control de cambios y la diferencia entre el dólar “negro” y el oficial superaba digamos un 20%, la corrupción entre los funcionarios encargados de “racionar” el dólar oficial se estimulaba. Se recuerdan casos anecdóticos en los que funcionarios apostaban con el que solicitaba la licencia, “le apuesto un millón de dólares a que le sale”. Era común el chiste que algunos altos ejecutivos de la Superintendencia pasaban a mejor vida en esta.
En Venezuela, el diferencial entre el dólar oficial y el libre no se mide en porcentajes: el valor del libre pude ser 100 veces mayor que el oficial. En estas condiciones es imposible que el contrabando no exista; un bien vendido en Colombia -y no solamente gasolina- puede representar 30 o 40 veces más que el que se comercializa en Venezuela. Es imposible que el contrabando no tenga la complicidad de las autoridades venezolanas que deben controlar el tráfico de camiones y tractomulas que se dirigen, con bienes racionados, a la frontera con Colombia.
Demuestra ignorancia, mala fe o ambas cosas, la afirmación del presidente venezolano, en el sentido que las casas de cambio de Cúcuta fijan el precio del dólar libre medido en bolívares. Nadie le habrá dicho que el valor de la casi totalidad de sus exportaciones (petróleo, mineral de hierro y oro) cayó verticalmente y que, por haber destruido el aparato productivo, hay poca generación de divisas para importar alimentos y bienes de la canasta familiar que no se producen o requieren materia prima importada. Es ingenuo pensar que son más eficaces los cambistas fronterizos, que el Banco Central de Venezuela en la política cambiara.
El mejor conocimiento que se tiene de la desastrosa situación económica, social y política del vecino país, deben hacer sonar, en Colombia, alarmas por las elecciones presidenciales de 2018. El alcalde de Bogotá ya anunció su aspiración presidencial, al decir que el procurador no lo quiere como competidor. Esperemos que no haya que escoger la opción Petro–Ordóñez, pues esto llevaría al país a lo que hoy es Venezuela; o a lo que era la España franquista. El dilema entre Escila y Caribdis. Pero la ley de hierro dice: “La democracia es el sistema que impide que los pueblos tengan un gobierno mejor que el que se merecen”.