EL CAMBIO DEMOGRÁFICO QUE HA experimentado el país llevó la tasa de crecimiento anual de la población al 1,6%, la mitad de la prevaleciente durante buena parte del siglo pasado. La diáspora de los colombianos, buscando oportunidades que el país les niega, también ha contribuido a la disminución del crecimiento de la población.
La nueva estructura poblacional ha debido ayudar a mejorar los niveles de empleo. No ha sucedido así, por el contrario, nuevamente se aumentan los índices de desempleo. El nivel de aumento del PIB en el año 2008, el mayor desde 1980, no redujo significativamente el desempleo y conservó el subempleo. Los altos precios de los productos primarios y el auge de las economías de China y la India, permitieron en el período 2004-2008 tasas altas de crecimiento del PIB en América Latina, Colombia no fue la excepción y creció a ritmos similares a los otros países, impulsado por las exportaciones de petróleo, carbón y níquel. Pero el desempleo y la informalidad persisten.
No es de extrañar este resultado, es consecuencia de la política gubernamental. La revaluación, por sí sola, era suficiente estímulo para renovar y ampliar el aparato productivo, sin embargo, el gobierno decidió otorgarle beneficios adicionales disminuyendo la tasa de tributación, en forma tal que las importaciones de bienes de capital tenían reducciones de costos, por ambos conceptos, que superan el 50%. Si a esto se agregan las reducciones impositivas para las inversiones en las zonas francas, no es de extrañar que se hubiera optado por un desarrollo capital intensivo que no privilegia la mano de obra. No deja de ser irónico que las reducciones impositivas a la inversión empresarial se hacen y mantienen al mismo tiempo que se grava con el IVA una parte de la canasta familiar y se aumenta la tributación a los asalariados al reducirse las rentas exentas. Por supuesto que la revaluación aumenta en dólares el salario, pero esto no se traduce sino en mínima parte la mejora del poder de compra de los asalariados.
La política de incentivar nuevas áreas de palma africana para producción de biodiésel ha estado acompañada, según denuncias públicas, de despojo de tierras y de desplazamientos. Altos funcionarios oficiales para ocultar la gravedad del desplazamiento forzado lo llaman migraciones internas. Este modelo es otro factor que atenta contra los derechos humanos y contribuye al crecimiento sin empleo. Es bueno mencionar que muchos productores tradicionales de palma han realizado su actividad en áreas que no conllevaron a la expulsión y despojo del campesino y de las minorías étnicas, y en muchos casos mantiene relaciones laborales y de cooperación adecuadas.
El conflicto de los cortadores de caña, acusados de aliados de la subversión, recuerda el discurso contra los obreros de las bananeras en 1928, y la amenaza de reemplazarlos por máquinas deja cierto sabor del más inhumano capitalismo. No se compadece esta política en empresas que reciben altos subsidios por efecto de la exención de impuestos a la producción de etanol.
* Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano.