El expresidente Alfonso López Michelsen decía que la principal labor de un presidente es no dejarse caer o tumbar.
La baja de popularidad del presidente Santos y la pobre calificación en muchos frentes debe hacer pensar al Gobierno en la absoluta necesidad de evitar que le estalle la bomba de la salud. Sería fatal para la gobernabilidad. Para muchos colombianos es mejor estar gobernados por un presidente con cierto aire civilista que por uno para quien el respeto a los derechos humanos y a la oposición brilla por su ausencia.
Puede ocurrir un derrumbe, un apagón, una caída en la economía, pero nada de esto es comparable con el cierre de los hospitales y centros de salud. El país se rebelaría al ver los muertos por falta de atención o sufrir un deterioro, aun mayor, del servicio de salud. Hay urgencia de destrabar los fondos congelados para evitar la crisis de caja de las EPS. Estas medidas inmediatas no son la solución a la crisis del sector, son simplemente el salvavidas que se le tira a un náufrago y luego se le enseña a nadar. Aun si el sistema de salud operara con elevados niveles de eficiencia y no se robaran la plata, hay una deficiencia estructural en su financiamiento.
Se diseñó proyectando un 70% de los afiliados en régimen contributivo y un 30% en régimen subsidiado, pero hoy los porcentajes están invertidos. Un estudio dirigido por el anterior ministro de Salud mostraba que no puede atribuirse el déficit del sector a las tutelas o las decisiones de la Corte Constitucional; la mayor parte de estas decisiones protegen el derecho fundamental a la vida.
El problema es la brecha entre la calidad y el nivel de servicio que se quiere y los recursos que se destinan a este sector. Colombia dedica el 6,4% del PIB a los servicios de salud, porcentaje similar al dedicado a la guerra. Lo que equivale a $910.000 por habitante al año. El aporte al régimen subsidiado es cercano a $500.000 por afiliado. Si se compara esta cifra con Chile, se tiene que este país destina el 8,2% del PIB a salud, pero su PIB por habitante es 90% mayor que el colombiano, lo que da un gasto por salud dos y media veces mayor que el nuestro, y queremos un servicio al menos comparable. En los países desarrollados la situación es del siguiente tenor: el Reino Unido, que no se caracteriza por tener el mejor sistema de salud, gasta 7,15 veces más por persona que Colombia; Italia 6,5 veces más. El caso de Estados Unidos es desolador: gasta el 16% de PIB en salud, la cobertura es baja, la mayor parte del gasto se incurre en los últimos meses de vida del paciente y gasta 16 veces más por habitante que Colombia.
El país debe analizar la calidad, cobertura y costos que quiere del sector y su forma de financiarlo. No parece viable, económicamente, recargar más las nóminas para atender el mayor gasto y existen restricciones para aumentar el gasto familiar para este fin. Se requiere una reorganización del gasto y el ingreso público. No es sostenible un sistema fiscal que continúe otorgando subsidios a los más prósperos, exenciones tributarias a los sectores económicos que no lo requieren. Debe evaluarse el creciente gasto militar. Se están desinflando los precios de los energéticos y los minerales, nuestros principales productos de exportación, y hay degeneración de recursos fiscales. En estas condiciones no es sostenible ni el modelo fiscal, ni la financiación del sector salud.