En el acuerdo de las negociaciones para la dejación de las armas, entre el Gobierno y las Farc, se definió que no habría cese bilateral de fuego.
El Gobierno insistió en este punto para no darle a la guerrilla un espacio que le permitiera reestructurarse y mejorar su capacidad de ataque. Así las partes buscan intensificar sus acciones militares, produciéndose hechos tan dolorosos como la muerte de 15 soldados en Arauca. A la vez el Gobierno anuncia la intensificación del fuego hasta la firma del acuerdo. Aunque la lógica es perversa y sangrienta, desde el punto de vista estratégico tiene atroz sentido. El presidente, al tiempo que anunciaba la escalada bélica, ratificaba que las conversaciones en La Habana continuarían a pesar de estos hechos. Por dolorosos que sean estas acciones, es el costo de no pactar un cese bilateral.
Cuando las Farc aceptan iniciar negociaciones con el Gobierno, posiblemente sus razones, entre otras, fueron esas.
No existe posibilidad de la toma del poder por vía armada, como lo ha reiterado Fidel Castro, en el siglo XXI la guerrilla latinoamericana no tiene espacio político. La ofensiva del Ejército le limita sus acciones militares. Reconocer el repudio de la opinión a la guerrilla por financiarse a través del secuestro de no combatientes, práctica que recientemente las Farc han abandonado, con la extorsión y con distintas formas de captar ingreso de cultivos ilícitos. Las insistentes voces de los partidos democráticos y de izquierda que reiteran que el accionar de las armas impiden la consolidación de movimientos de oposición. La evidencia en América Latina de la posibilidad, a través de procesos electorales, de llevar a cabo políticas de distribución de ingreso, y reducción sustancial de los niveles de miseria. Lo que sí parece claro es que no iniciaron negociaciones para terminar en la cárcel. El origen de las Farc fue político, y aún hoy parte de sus dirigentes tiene más tendencia política que militar. La degradación del conflicto en 50 años hace que se recuerden más sus acciones de terror contra la población no combatiente y la violación de los derechos humanos. Si se quiere la paz habrá que buscar penas alternativas a la privación de la libertad. La participación en política de guerrilleros que hagan dejación de las armas no puede tener muchas restricciones. Ante la realidad de los compromisos con la Corte Penal Internacional, ésta también prioriza. Así lo declaró uno de sus jueces; aún en el caso de crímenes de lesa humanidad, si hay un proceso de paz exitoso la Corte se concentra más en perseguir autores de crímenes atroces en zonas de guerra. Las Farc tampoco iniciaron negociaciones para que sus jefes sean extraditados. Es positivo el interés de las partes de involucrar al gobierno de EE.UU. para que no le ponga palos en la rueda al proceso; hasta ahora esta estrategia está funcionando. Las negociaciones se desarrollan con una guerrilla que no es triunfante, pero tampoco está derrotada en el campo militar.
Muy mala la política del Gobierno de descalificar la protesta social con el argumento de que es política. Las movilizaciones sociales son por naturaleza políticas. La acusación al senador Jorge Enrique Robledo es desafortunada, tiene tufillo de retaliación por sus debates inteligentes, documentados y valerosos. No se puede volver a las épocas en que el Gobierno les colgaba una lápida a sus opositores.