La fortaleza de las instituciones les permite subsistir si eventualmente son dirigidas por un inepto o un corrupto.
No sucede lo mismo en las sociedades con instituciones débiles: un período de ineptitud o corrupción las destruye. La solución, generalmente, es acabarlas, partir de cero crear una nueva y débil organización. Piénsese en los casos de la DNE y del DAS. Clientelismo, prebendas injustificadas, acuerdos en su propio beneficio, están minando instituciones que han prestado grandes servicios al país y a su débil democracia, como son la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.
La corrupción acompaña buena parte de nuestra historia. El poder colonial de España tenía un sistema eficaz para detectar cuando se estaban apropiando del “quinto real” y otras rentas: el juicio de residencia. Si el funcionario poseía bienes y tenía un nivel de vida que no podía justificar con los ingresos, se le consideraba culpable. Algo de ese método se está aplicando en nuestro país.
El Frente Nacional aumentó los niveles de corrupción en el sector público. Al no existir oposición, los controles se relajaron y la idea de compartir el poder y sus beneficios entre los partidos tradicionales mandaba un mensaje claro: no denuncie, mejor espere y disfrute. El país no era muy rico y el Estado tampoco, por lo cual la corrupción tenía límites naturales. Hoy el país ha crecido y el Estado lo ha hecho más que proporcionalmente, por lo cual los niveles de corrupción harían palidecer de envidia a los maleantes del pasado.
Los constituyentes del 91, preocupados porque los niveles de corrupción de la burocracia pudieran transmitirse, como en efecto ocurrió, a las autoridades locales de elección popular, le otorgaron a la Procuraduría explícitamente el derecho de “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quien desempeñara funciones públicas, incluyendo los de elección popular”. Creyeron que el Ministerio Público siempre estaría a cargo de magistrados, por encima de intereses personales o políticos. Consideraban que un juicio ordinario contra un mandatario local superaría la duración de su mandato y el daño que le causaría a la comunidad una conducta criminal sería irreparable. Estaban en lo cierto. Piénsese solamente que hasta hoy la justicia ordinaria no ha fallado en el caso de Samuel Moreno, por las múltiples lesiones al patrimonio público derivadas del cartel de la contratación. El procurador lo suspendió tres meses, lo cual permitió la llegada de Clara López a la Alcaldía, que en un corto período logró controlar el desangre de dineros públicos y enderezar los contratos.
Los reiterados abusos selectivos de poder del procurador, que se pueden sintetizar en “para mis amigos la ley, para mis enemigos el peso de la ley”, la necesidad de una segunda instancia, la distinción entre faltas administrativas y delitos penales, llevarán a una modificación del órgano de control. La ley del péndulo permite intuir que el nuevo organismo otorgue patente de corso a las autoridades locales, con el argumento del poder soberano del constituyente primario.
Los partidos políticos no pueden eludir la responsabilidad en el monstruo que han creado. ¿Cómo se explica que el Partido Liberal haya votado dos veces por un candidato que ideológicamente es todo lo contrario a sus idearios? Podría decirse que no hay ideología, sólo maquinaria y votos.