ALGUNOS COLUMNISTAS DE El Espectador se han podido sentir “pordebajiados” al no estar en la lista de a quienes se les chuzó el teléfono y los correos electrónicos; no entienden por qué si son tan importantes como, digamos, Alejandro Gaviria —él sí fue chuzado— y por ejemplo Salomón Kalmanovitz, también decano de economía, escapó a los métodos propios de la Gestapo del personaje, hoy en buena hora retirado. Para tranquilizarlos les recordé que no existe monopolio a la violación al derecho constitucional a la intimidad.
Recuerdo hace unos años, cuando trabajaba en la CCA-Mazda, que unos técnicos determinaron que mi teléfono estaba interceptado y que esta interceptación se encontraba en una circunferencia de 500 metros; al revisar en el mapa, encontré que en esa zona estaban Carrefour, el DAS y la plaza de Paloquemao.
Por supuesto, sin tener la prueba reina, me quejé ante un funcionario del Gobierno y recibí a los pocos días una llamada del director del DAS diciendo que ellos no interceptan teléfonos —en Colombia también hay espacio para el humor.
Lástima que la ex directora Hurtado hubiera tenido que renunciar, por asumir con entereza —virtud escasa en muchos funcionarios— la responsabilidad política de subalternos suyos, que cumpliendo órdenes quién sabe de quién, se dedicaban no a la seguridad del ciudadano, sino a perseguir a los opositores. Tuve ocasión de departir algunas veces con la doctora Hurtado y al oírla pensaba en la propaganda de un banco: estaba en el lugar equivocado. Creía que el DAS era para defender la ciudadanía de la delincuencia organizada con prioridad a ser “Stasi”.
Hay que apoyar las iniciativas de enseñar a los funcionarios respeto por los derechos humanos con métodos pedagógicos como exhibiéndoles la película La vida de los otros. Los resultados no son tan exitosos, pero hay que considerar que la educación para adultos es más lenta que para los jóvenes.
Sería bueno presentarles El juicio de Nüremberg. Esta película de 1961, y con la legendaria actuación de Spencer Tracy, muestra el juzgamiento, no a los grandes criminales nazis, sino a los jueces y magistrados, que consideraban que el costo para devolver el orgullo alemán, restaurar el orden perdido por la constitución de Weimar y luchar contra los enemigos de quien tenía la mayoría de opinión, bien podía justificar condenar a un inocente. No se consideraban responsables de los horrores que siguieron.
Cuando la separación del poder ejecutivo y el judicial se hace tenue o se derrumba, cualquier cosa puede ocurrir. En Colombia hay que cumplir la Constitución, las órdenes de captura no se dan en consejos comunales; aterra oír a un Presidente en un congreso gremial diciendo: “ponga precio rápidamente a ese bandido, que esos bandidos se reencarnan y multiplican”. La violación a la intimidad no es función de los organismos de seguridad, sino de los jueces, con indicios serios, y es bueno recordar que no hay pena de muerte, y que el asesinato fuera de combate no debe ser recompensado. Hace pocos meses el Presidente, para descalificar a Iván Cepeda, cuyo padre Manuel fue asesinado, decía “…a que antes de compadecerse por las lágrimas de cocodrilo de estos farsantes de los derechos humanos, que vengan a ver qué es lo que está pasando en Colombia”. El 14 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el asesinato de Manuel Cepeda.
*Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano.