Un viejo y mal chiste cuenta que una estudiante agraciada le dice a su profesor: «Estoy dispuesta a todo para aprobar la materia».
El maestro la mira y le contesta: “Si está dispuesta a todo, ¿no ha pensado en estudiar?”. Esto recuerda las propuestas para mejorar la movilidad en Bogotá, las cuales casi siempre incluyen restricciones, mortificaciones, medidas que incrementan la congestión. Como reducir el ancho de las vías o cerrar innecesariamente cruces, con lo que se obliga a largos desplazamientos, impuestos adicionales, peajes. Y surge la pregunta: ¿no han pensado en construir un verdadero sistema de transporte público y crear un aceptable sistema vial?
Debe ser difícil encontrar un ciudadano que vaya a zonas congestionadas en su vehículo particular por placer o para contribuir a los atascos y a la contaminación. Lo hace porque le es indispensable para realizar alguna gestión o para acceder al lugar de trabajo o estudio. No se recurre al sistema de transporte público es porque su costo en bienestar es superior al que incurre cuando opta por el transporte individual. En las ciudades con sistemas de transporte colectivo eficiente, la gente lo usa con prelación al carro, y quien prefiera esta opción debe contribuir al costo social de usarlo. En Bogotá se pretende eludir la obligación de las autoridades de emplear los recursos públicos para mejorar el transporte, optando por el camino simple de mayores restricciones y molestias.
El discurso contra el vehículo particular no tiene hoy la misma acogida que hace 25 años. La reducción de aranceles, la revaluación del peso, la disminución del impuesto de renta hacen que hoy el pago mensual de un vehículo, medido, por ejemplo, en salarios mínimos mensuales, sea casi tres veces menos que antaño. Las políticas contra el uso del vehículo particular sin una real alternativa de transporte público, no una idea o un proyecto, no sólo afectan a los estratos altos. Algunas cifras ayudan a ilustrar la anterior afirmación.
La población de Bogotá se estima en 8’300.000 habitantes. El número de personas por hogar es de 3,6; por lo tanto habría 2’300.000 hogares. Las familias cuyo ingreso es superior a ocho salarios mínimos mensuales, unos $4’280.000, y menor a 16 se clasifican como estrato 5. El estrato 6 tiene ingreso superior a $8’560.000. Estos dos estratos representan el 4,9% del total de hogares, lo que equivale a 112.700. Suponiendo que el promedio de carros por hogar sea dos, para eludir el pico y placa, hipótesis generosa, la tenencia de vehículos en esos estratos sería de 225.400. El parque privado en Bogotá se estima en 1’100.000 vehículos; por lo tanto cerca de 900.000 de ellos pertenecen a los estratos 4 y menores. Las periódicas medidas afectan, como es perversamente usual en las políticas públicas colombianas, a las clases media y baja.
S.O.S. Por favor, señor ministro de Transporte, no permita que se consolide la oficina de mortificación ciudadana, con medidas como reducir la vigencia del pase de conducción. El ciudadano tiene hoy que dedicar parte de su tiempo a engorrosos trámites ante la administración pública. El tiempo y la energía empleados disminuyen la calidad de vida. A las pocas vías diseñadas para velocidades superiores a 80 km/hora no se les debe reducir la velocidad, ¿o es otra iniciativa de la oficina en cuestión?
* Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano.