Es entendible la frustración por no haberse firmado los acuerdos Gobierno-Farc el pasado 23 de marzo, que habrían iniciado el proceso de desarme y reinserción a la vida civil de los guerrilleros.
A pesar de este escollo, la negociación está mostrando resultados. Los informes del CERAC sobre el conflicto señalan lo siguiente: durante los ocho meses de la tregua unilateral decretada por las Farc, el número de muertos en combate se ha reducido en el 92%. En los últimos 115 días solo se ha registrado una acción militar ofensiva por parte de las Farc, el 18 de marzo, con el resultado de un guerrillero muerto. En el mismo periodo, en acciones violatorias al cese unilateral un civil y un integrante de la Fuerza Pública resultaron heridos. Se han registrado denuncias sobre extorsiones. Por su parte, el Gobierno también ha contribuido a desescalar el conflicto y no ha efectuado ataques aéreos a los campamentos. Se han realizado por parte del Ejército acciones que buscan debilitar la capacidad de accionar de la guerrilla. El CERAC informa de 328 acciones de incautación y destrucción de explosivos.
Los ocho meses de tregua unilateral y desescalamiento hacen que este período sea el de menor intensidad del conflicto en 51 años. Coloquialmente se ha dicho que es mejor una guerrilla hablando, que disparando. Los resultados anteriores lo comprueban.
La parte más difícil de la negociación es cómo lograr lo obvio: cero o mínima sanción privativa de la libertad y garantías de no extradición por parte de futuros gobiernos. No es concebible que una guerrilla con alta capacidad de hacer daño, como lo demostró durante el rompimiento de la tregua unilateral, acepte negociar para que sus dirigentes vayan a la cárcel. El proceso exige un “alto grado de impunidad” así esta expresión sea políticamente incorrecta; la alternativa son otros decenios de sangre y sufrimiento.
El acuerdo de justicia transicional es un trabajo de filigrana para hacer aceptables ante la opinión pública y la Corte Penal Internacional (CPI) las amnistías masivas y las sanciones leves. La CPI no es tan eficiente como se piensa. El mayor genocida de los campos de muerte de Cambodia, Pol Pot, murió de viejo en su país; aun la CPI no ha logrado enjuiciar a su segundo, que debe estar próximo a muerte natural. El número de condenas desde su fundación no supera la decena.
El acuerdo de justicia transicional es, también, muy generoso con los miembros de la Fuerza Pública que cometieron excesos o crímenes durante el conflicto, al darle la misma sanción que al alzado en armas. Un crimen cometido por un miembro de la Fuerza Pública tiene una mayor penalidad que uno realizado por un delincuente o un miembro de un grupo armado ilegal. Utiliza dolosamente el poder que le ha conferido el Estado.
Contrario a la tradición en el sentido que “la obediencia debida” es causal de exoneración, los acuerdos eximen a los comandantes y jefes del Ejército y la guerrilla por actos criminales de sus subalternos si no tienen información plena de los que estos hacían. Una puerta para no judicializar a quienes estimularon o ignoraron los asesinatos masivos contra ciudadanos indefensos, realizados por miembros activos de las fuerzas armadas, llamados “falsos positivos”, nombre que busca reducir la gravedad de estos. Las palabras del presidente Uribe, jefe supremo del Ejército, “no estaban cogiendo café”, van en esa línea.